Estado

Buscan establecer sanciones más severas en contra de quienes no denuncien a quienes cometen delitos de abuso sexual o violación, en perjuicio de una persona menor de catorce años.

GPPAN impulsa reformas al código penal del estado, con el objetivo de de proteger la integridad física, sexual, emocional y psicológica de las y los menores potosinos.

Las diputadas Sonia Mendoza Díaz, Vianey Montes Colunga y los diputados Rubén Guajardo Barrera, Rolando Hervert Lara, Ricardo Villarreal Loo y José Antonio Zapata Meraz, presentaron una iniciativa que adiciona artículos 176 Bis Y 178 Ter al Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

El objetivo de la propuesta es, sancionar con pena privativa de la libertad y multa a quien, constándole la comisión de los delitos de abuso sexual o violación, en perjuicio de una persona menor de catorce años, no acuda ante la autoridad competente para denunciar el hecho; esto, con la finalidad de proteger la integridad física, sexual, emocional y psicológica de las y los menores potosinos.

Se señala que, los abusos sexuales que lamentablemente sufren niñas, niños y adolescentes ocurren en distintos contextos; los agresores comúnmente pueden ser personas de su entorno familiar con lazos sanguíneos o afectivos, tutores o maestros y, en algunos casos, desconocidos.

Los proponentes expresaron que su responsabilidad como legisladores, es garantizar la protección integral de los derechos de las y los menores potosinos; por lo que su responsabilidad es realizar las medidas legislativas necesarias y eficaces para prohibir y erradicar todas las formas de abuso sexual en su perjuicio.

Todo tipo de violencia sexual contra las niñas, los niños y adolescentes es un problema social que tiene graves consecuencias para su vida, en su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que la niña o el niño se desarrolla, por esa razón, es importante que la intervención en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra este tipo de violencia incluyan su protección irrestricta en los entornos familiar, social y educativo.

La propuesta fue enviada a comisiones para su análisis y posteriormente ser discutida y votada por el Pleno del Congreso del Estado.

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