Estado

Comparece el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías ante diputadas y diputados de la comisión de gobernación en el marco de la glosa del V informe de gobierno

 

En materia de seguridad se hacen grandes esfuerzos; Lamenta la poca acción de la fiscalía general de la república para combatir delitos de su jurisdiccion, la indiferencia de los alcaldes con alerta de género para prevenir feminicidios y garantizó gobernabilidad en el proceso electoral que está en marcha

 

Los legisladores hicieron planteamientos concretos sobre los temas concernientes a esta área y pidieron un mayor compromiso para mejorar la seguridad pública En San Luis Potosí

 

El secretario general de Gobierno del Estado, Alejandro Leal Tovías compareció ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación que preside la diputada Beatriz Benavente Rodríguez en el marco de la Glosa del V Informe de Gobierno, con todas las medidas sanitarias determinadas por las autoridades, en el patio central del edificio “Presidente Juárez”.

 

El funcionario lamentó la poca acción de la Fiscalía General de la República en el combate a delitos federales de su jurisdicción que genera consecuencias en el índice delictivo local, la indiferencia de los presidentes municipales para atender la Alerta de Género y garantizó la gobernabilidad en el proceso electoral en marcha, ante los diferentes cuestionamientos que le hicieron.

 

La diputada Marite Hernández Correa preguntó sobre las medidas para cuidar a los migrantes frente al COVID-19, situación de laudos laborales y cifras de feminicidio. El funcionario dijo que desde el inicio de la pandemia se han aislado por 14 días a 5,000 migrantes potosinos que regresaron a San Luis tras quedarse sin empleo en Estados Unidos; aseguró que el problema de los laudos laborales es muy grave en los municipios cuyas cuentas son embargadas, ya que se pierden las demandas porque los funcionarios no las contestan o las dejan pasar para beneficiar a sus amigos.

 

Sobre los feminicidios, Leal Tovías expuso que San Luis fue de los primeros estados en que todas las muertes de mujeres se clasificaron como feminicidio, por eso tenía más casos registrados; de 2015 a la fecha se han registrado 131 feminicidios, 14 en 2015, 11 en 2016, 21 en 2017, 26 en 2018, 28 en 2019 y 21 en lo que va de 2020, la mayor parte originados en problemas intrafamiliares, y más del 90 por ciento judicializados. Destacó que hay casos relacionados al crimen organizado; la violencia doméstica en tiempos de la pandemia creció un 16 por ciento.

 

La legisladora María del Rosario Sánchez Olivares planteó la violencia que viven las mujeres indígenas y el secretario dijo que con recursos federales se están licitando cursos de capacitación en el marco de la Alerta de Género, convocando a  empresas especializadas, certificadas y con experiencia. Dijo que los Centros de Justicia deben dar atención integral para no revictimizar a nadie; en la huasteca ya funciona uno con todos los servicios.

 

El diputado Edgardo Hernández Contreras criticó el clima de inseguridad y presentó estadísticas de robos, homicidios y otros delitos; el secretario dijo que coincide en que la Fiscalía General de la República no está haciendo el trabajo que le corresponde, al grado que en las mesas de seguridad no presenta ni plantea ningún asunto y al dejar de hacer su trabajo, el gobierno estatal tiene que atender la problemática que se genera.

 

La Fiscalía General de la República no ataca los delitos de tráfico de personas, contrabando de armas, narcotráfico, robo de combustible, etcétera, lo que genera problemas locales, movilización y gasto; además hay contaminación interna de policías de todos los niveles por amenazas o por dinero y eso complica atacar a la delincuencia organizada; dijo que el estado trabaja en mantener el control de las carreteras para evitar que los delincuencias se apropien de ellas y además, hay detenciones de objetivos criminales lo que va a generar problemas en los penales potosinos al grado que el Estado podría perder el control, por ello se deben enviar a centros federales.

 

El diputado Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el puente del boulevard Rocha Cordero que no se ha concluido y el funcionario dijo que el gobierno del estado espera que un magistrado del Tribunal Agrario, determine el monto de la indemnización a los ejidatarios por 15 hectáreas; ellos piden entre 60 y 65 millones de pesos pero no hay nada definido y ocurrirá en unas semanas, para concluir la obra que se unirá a la nueva ruta a la zona industrial.

 

A la legisladora Martha Barajas García, el secretario Alejandro Leal le respondió que con los ayuntamientos hay convenios de colaboración, fortalecimiento y apoyo en materia de seguridad, proporcionándoles directores de Policía Municipal certificados. A la legisladora Rosa Zúñiga Luna le respondió que los potosinos que mueren por COVID-19 en Estados Unidos, son incinerados allá y repatriados en urnas. En san Luis se han recibido 48 urnas hasta el momento que se entregaron a sus familiares en ceremonias sobrias.

 

La legisladora Paola Arreola Nieto pidió resultados sobre la Alerta de Género. De 2018 a la fecha se han recibido 22 millones de pesos de recursos federales, pero lo más grave es que de los seis ayuntamientos con esta declaratoria –San Luis, Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín- solo la capital ha hecho esfuerzos significativos, “los demás alcaldes no vienen a las reuniones, no es agenda para ellos, traen otras de interés personal o electorales y nosotros sustituimos su responsabilidad”. Anunció que se creará un memorial en esta capital y replicas que “llevaremos a cada municipio para recordarles la Alerta de Género”.

 

Sobre los elementos policiacos no certificados que siguen trabajando en áreas administrativas que planteó el diputado Rubén Guajardo Barrera, el funcionario dijo que dar de baja a quienes no tienen el certificado único policial cuesta dinero y no hay suficiente para liquidarlos, por eso se les mantiene en el cargo. El legislador dijo que es muy preocupante que se permita y fomente que policías no aptos sigan en el servicio público y aun más, que se acepte que pueden sindicalizarse y en algún momento volver a la actividad operativa en las calles en perjuicio de la ciudadanía.

 

El legislador Ricardo Villarreal Loo destacó la necesidad de redoblar campañas de prevención ante el COVID-19 y el funcionario informó sobre las campañas en ese sentido, al reconocer que el principal problema, está en el transporte público porque los usuarios no acatan las disposiciones de protección; en materia de seguridad, reiteró que el crimen organizado, al pelearse la plaza, genera un crecimiento de homicidios dolosos porque al cerrarse centros de consumo como antros, bares, escuelas, etcétera, buscan los delincuentes otros ingresos. El gobierno responde con patrullajes, coordinación y atención a denuncias ciudadanas.

 

El diputado Martín Juárez Córdova preguntó sobre el trabajo para la búsqueda de personas desaparecidas y la respuesta fue, que se está construyendo el primer Centro de Identificación Forense y de Búsqueda con una inversión de 11 millones de pesos que estará en funcionamiento en diciembre. El legislador José Antonio Zapata Meraz preguntó sobre las negociaciones con el sindicato de burócratas; este año se logró un acuerdo histórico del 2.0 % de aumento al salario y 1.0 % a prestaciones. En promedio cada año es del 5.0 y 6.0 por ciento el acuerdo que se logra.

 

Sobre el proceso electoral 2020-2021, el secretario Alejandro Leal dijo que corresponde al CEEPAC la organización y al gobierno garantizar la gobernabilidad; recordó que en 2018 hubo serios problemas en las elecciones municipales, incluso se dieron reuniones con candidatos ganadores y perdedores en la huasteca, que llegaron con gente armada proveniente de otros estados, la cual se quedó a delinquir en esos municipios. “Nosotros coadyuvaremos con la autoridad electoral para tener un proceso en paz y que las diferencias se resuelvan en las urnas el primer domingo de junio del próximo año”.

 

Mario Lárraga Delgado expuso problemáticas particulares de seguridad en municipios de su distrito como Tamuín, Ébano y Tanlajás, donde se han apostado diversos grupos delictivos que han socavado la tranquilidad de las familias; la respuesta fue que en Ébano será la próxima reunión regional de seguridad con participación de autoridades de San Luis, Tamaulipas y Veracruz; además hay bases operativas mixtas de la Guardia Nacional con 150 elementos, hay una en Rioverde, otra en Cedral, Tamazunchale, Villa de Zaragoza –para atender a Ciudad Satélite- y próximamente una en Tamuín que se termina y empieza a funcionar en cuatro meses.

 

El diputado Oscar Vera Fábregat preguntó sobre recortes presupuestales federales para 2021 y el secretario respondió que será de 5 mil millones de pesos aproximadamente, por lo que no habrá obra pública y sólo se concluirá la que está en trámite; se le dará prioridad a la salud, educación y seguridad; anunció la instalación de 1,500 nuevas cámaras nuevas en todo el estado, arcos lectores de placas y más tecnología en zonas fronterizas como la de Zacatecas.

 

La legisladora Laura Patricia Silva Celis señaló que es necesario dejar sentadas bases de las cosas que se han hecho bien como apoyos a grupos vulnerables, apoyo a niños y jóvenes estudiantes, apoyos a municipios menos favorecidos; dijo el secretario Alejandro Leal que es necesario dejar establecidos por ley todos los programas sociales, para que la visión corta de otros gobiernos no los desaparezcan

 

La diputada Beatriz Benavente Rodríguez preguntó sobre los resultados de la mesa de Paz y Seguridad y de la labor y beneficios de la Guardia Nacional en San Luis; el secretario expuso que mientras la percepción de los ciudadanos no sea buena, de nada sirven los resultados positivos. “Hacemos trabajo conjunto y todos los días se alcanzan metas, pero nos gana la mala noticia y el debido proceso que nos impide abundar en información”.

 

Puntualizó el secretario que las estadísticas de homicidios dolosos se incrementan porque se incluyen, por ejemplo, 48 personas ejecutadas en Zacatecas pero sus cuerpos son dejados en San Luis, lo mismo que cadáveres de Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas; además, los carteles de Jalisco, Norte y Noreste se “pelean la plaza” y ejecutan a hombres y mujeres jóvenes que primero hicieron consumidores y luego vendedores.

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