Porfirio López

Covid-19: efectos y consecuencias para México.

La pandemia de Covid-19 en México ha dejado una serie de efectos y consecuencias que se están visualizando conforme se acerca el fin de este año. Los datos en torno a la gestión de la crisis sanitaria dan como resultado un desastre anunciado en varios frentes. A pesar de los anuncios de las autoridades de salud, del optimismo presidencial y de las campañas efectuadas en entidades y municipios para limitar la movilidad social, la pandemia nunca ha tenido un control eficaz o eficiente.

En lo político habrá consecuencias en la intención de voto en las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión, entidades federativas, congresos locales y alcaldías municipales, en lo económico los efectos ya se sienten en la crisis del empleo, la escasa inversión y la incertidumbre en los mercados internacionales, en lo social las consecuencias son el aumento de la población en línea de pobreza, la violencia criminal, el desabasto de medicinas, la crisis de seguridad social y los limitados apoyos gubernamentales clientelares.

En primer término, el próximo año se desarrollarán elecciones para renovar el Congreso de la Unión, se eligen el 6 de junio de 2021, 500 diputados federales, 15 gobernadores, 1,063 diputados locales y 1,926 ayuntamientos en 30 entidades federativas. Es en términos absolutos la elección más grande en la historia de México con la participación de 94,800,00 ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 5 millones más que en la elección del 2018.

Esa elección será trascendente para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual hoy es mayoría en el Congreso federal y tiene mayoría en 20 congresos estatales. Parte de esa trascendencia se debe a la forma en que se han presentado las iniciativas presidenciales, como se han legislado y aprobado diversas reformas de ley para desaparecer organismos autónomos, instituciones, responder a la crisis de la pandemia de coronavirus e implementar recortes presupuestales en áreas sensibles de la administración pública.

En la elección del 6 de junio se espera en automático un voto a favor o en contra del partido mayoritario, sobre todo a partir de los efectos de las decisiones y acciones públicas tomadas por el gobierno federal y el manejo de la pandemia de coronavirus. En ese sentido vendrá una serie de acusaciones por parte de los aspirantes a gobernar y en el otro vendrá la defensa a ultranza de los defensores presidenciales.
En la parte económica ya se están observando los efectos y consecuencias de las decisiones gubernamentales.

Hasta abril de este año, cuando transcurría apenas el primer trimestre del año y la crisis de la pandemia arrojaba las primeras cifras de contagiados y defunciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 12.5 millones de mexicanos habían perdido su empleo. Siete de cada diez empleos que se han perdido en el país han sido de empleos permanentes, los cuales son los más difíciles de recuperar. En sintonía con el desastre económico el Banco de México ha venido recortando la estimación de crecimiento económico para el próximo año y la previsión ha quedado en una escala negativa: -0.5 por ciento.

A ello hay que sumarle la crisis del sector petrolero, en particular de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A pesar de los múltiples anuncios optimistas del presidente López Obrador, los datos del sector son pésimos para los intentos presidenciales de presentar a Pemex como palanca de desarrollo. Como dato duro hay que anotar y recordar que el desastre financiero y operativo de la petrolera mexicana va a tener un costo extra para las finanzas públicas de aquí a que termine el sexenio de 300 millones de dólares, dependiendo el tipo de cambio.

En lo social la crisis del Covid-19 agudizó la desigualdad social en México, reportes y estudios de la ONU, la Cepal y el Banco Mundial reflejan el aumento de la pobreza en el país. Desigualdad laboral, desempleo, hambruna, aumento de la informalidad, violencia doméstica, despidos masivos, migraciones, expansión de la pobreza urbana son algunos indicadores negativos para el orden social en un país como México. A pesar de los anuncios gubernamentales de otorgar créditos de 25 mil pesos a los pequeños empresarios, de entregar becas a los sectores juveniles y discapacitados, en la realidad no se notan resultados positivos en torno a la reactivación económica y social en las entidades y municipios.

Millones de personas que tenían un empleo formal que iba de uno a cinco salarios mínimos, han preferido la informalidad con todos los males de salud y precariedad de seguridad social que ello implica. Actualmente el 60 por ciento de la Población Económica Activa (PEA) en México se encuentra ocupada en la informalidad.

El cierre del comercio y del turismo en amplias regiones del país tienen ya efectos nocivos al interior de millones de familias mexicanas que no pueden adquirir productos de la canasta básica. Estudios globales estiman que al cierre del presente año, México tendrá 12.3 millones de ciudadanos pobres, lo cual representa 58.4 por ciento de la población.

En el rubro de salud pública es donde el gobierno federal luce más errado. Antes de la pandemia veníamos de una crisis de desabasto de medicamentos, de la extinción del Seguro Popular, de la renuncia de Germán Martínez al frente del IMSS, de la creación exprés del INSABI y de anuncios presidenciales de presunta corrupción en la compra de medicamentos, se había acusado a los laboratorios de lucrar con la salud y de vender al gobierno a sobreprecio. Llegó la pandemia de coronavirus y el gobierno no accedió a realizar pruebas rápidas, en lugar de ello se agudizó la crisis en el IMSS e ISSSTE, se colapsó en pocos meses el sistema de salud provocando que los hospitales públicos fueran focos de contagio que afectó al personal médico y dejo a la deriva a millones de ciudadanos que estaban inscritos en el Seguro Popular.

México decidió no gastar y enfrentar la pandemia de coronavirus con recursos limitados, todo ha desembocado en un desastre. Los médicos del sector público tienen que comprar sus insumos a pesar de protagonizar diversas marchas en las entidades federativas, la adquisición de ventiladores mecánicos terminó en un escándalo de corrupción, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez se ha limitado a exponer plantillas digitales, el semáforo de salud y la curva de aplanamiento no han sido de gran utilidad y los que más sufren son los sectores más pobres, los cuales no tienen recursos ni para adquirir una mascarilla y representan al día de hoy el 84 por ciento de los fallecidos por Covid-19.

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