Regionvalles

Porfirio López

El trimestre más violento


En estos días se publicaron los primeros números en el tema de la violencia criminal del actual sexenio. Los números muestran lo que se ha dicho desde que inició el sexenio de Felipe Calderón en 2006, la violencia en México no cesa. Del gobierno de Calderón hasta el gobierno actual se ha producido un espiral de la criminalidad y un aumento de células criminales en la mayoría de las entidades federativas y municipios.

Luego de tres meses de iniciada la Cuarta Transformación de la vida pública anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la violencia criminal no tuvo ninguna alteración, al contrario de la retórica presidencial y del eufemismo de inicio de sexenio, los indicadores muestran un recrudecimiento de la tasa de homicidios en zonas controladas por grupos delincuenciales dedicados a diversas ramas del comercio ilegal.

De los últimos cuatro sexenios el arranque del primer trimestre de AMLO es el más violento según las mediciones oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el tema de los homicidios dolosos que es uno de los indicadores más puntuales para medir la baja o el incremento de la violencia en México, el actual gobierno federal supera las cifras en el periodo diciembre- febrero al gobierno de Enrique Peña Nieto por 48 por ciento, en 150 por ciento al gobierno de Felipe Calderón y en 73 por ciento al sexenio de Vicente Fox.

Según la presidencia de la República durante el primer trimestre 2019 se registraron más de 7 mil homicidios, un promedio de 78 cada 24 horas, en paralelo el SESNSP reporta que la cifra puede superar los 8,500 asesinatos, un promedio de 96 casos cada 24 horas.

De muy poco sirvió el anuncio espectacular de combate al huachicol, de muy poco sirvió el mensaje de amor y paz, de muy poco sirvió anunciar la pacificación del país mediante la instrumentación de foros, de muy poco sirvió anunciar la llegada de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de muy poco sirvió colocar a Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, de muy poco ha servido la supuesta honestidad del presidente de la República, de muy poco ha servido anunciar una Guardia Nacional, de muy poco ha servido la presencia de Michelle Bachelet que se fue del país horrorizada por la enorme cantidad de desaparecidos y fosas clandestinas en diversas regiones de México.

El informe del Índice de Paz México 2019 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz manifiesta que en México persiste una inversión en el sistema de justicia penal insuficiente y que el impacto económico de la violencia aumentó 10 por ciento, lo cual en términos monetarios alcanza la cifra de 5.16 billones de pesos equivalente al 24 por ciento del Producto Interno Bruto, de ese tamaño es el problema que tiene enfrente el gobierno denominado de Cuarta Transformación.

Para complementar la crisis que viene en puerta en este sexenio, el informe destaca que México tiene solamente 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, lo cual se traduce en que menos casos vayan a tribunales y un aumento de impunidad.
El primer trimestre desnuda por completo al presidente y su círculo íntimo en el tema de la violencia. La incidencia delictiva con la Cuarta Transformación es igual o peor en amplias zonas del país, la tasa de feminicidios va en aumento, la tasa de secuestros se mantiene intacta, la cifra de desaparecidos es un asunto común en entidades federativas, las agresiones y homicidios contra periodistas es constante, las balaceras y ejecuciones son un asunto cotidiano en la Ciudad de México o en Veracruz donde gobierna Morena. Con ello se desvanece la idea “electorera” de que cuando llegará a gobernar Morena iba a resolver la violencia, las emboscadas, las desapariciones, la venta ilegal de armas y las ejecuciones a plena luz del día son paisaje cotidiano para miles de ciudadanos. Hoy los bloqueos carreteros se mantienen en entidades como Tamaulipas y los huachicoleros siguen operando sin control en amplias zonas de Guanajuato y Puebla a pesar de la presencia militar.

Atrás ha quedado el discurso de que con solo la figura del presidente envuelto en un manto de austeridad serviría para bajar los indicadores de corrupción y de violencia, atrás quedaron los anuncios presidenciales de sus reuniones matutinas con su gabinete de seguridad. Los números marcan que la estrategia de AMLO y sus colaboradores no es otra más que la continuidad del modelo instrumentado por Felipe Calderón en el año 2006. Hoy al paso de un trimestre y camino al primer semestre sexenal de la Cuarta Transformación, las conferencias matutinas no han servido, ni servirán para alcanzar a trazar una estrategia integral de combate al crimen organizado basada en evidencias e indicadores serios, y que ello pueda trascender para limitar o tener una incidencia a la baja en la tasa de homicidios dolosos en entidades federativas y municipios considerados un auténtico infierno para sus ciudadanos.
Decir que la incidencia criminal tardará en resolverse no es la mejor respuesta que un ciudadano pueda esperar, tampoco se puede decir que entregando dinero a los más pobres pueda limitar la acción criminal, mucho menos se va a resolver el tema de la seducción de la criminalidad en los sectores juveniles basados en la entrega de cheques para aspirar a un bienestar. Ha quedado demostrado con evidencia en los últimos sexenios que abrir la llave del dinero público no es la solución a los grandes problemas nacionales, no ha sido la solución sacar a los efectivos de la Marina o del Ejército Nacional a patrullar las calles en municipios con altas tasas de violencia, no ha sido la solución incrementar el gasto público en materia de seguridad pública, no ha sido la solución la creación de una Policía Federal, una Agencia Federal de Investigación, una Gendarmería Nacional o ahora una Guardia Nacional.

El gran problema de México en torno a la incidencia criminal es la corrupción en los tres niveles de gobierno y en la ausencia o debilidad de la transparencia y rendición de cuentas. México ha construido un nuevo sistema de justicia penal, nuevas y modernas cárceles de alta seguridad, ha invertido en infraestructura para la procuración de justicia, pero no ha atinado en el tema de hacer cumplir la ley, no ha cumplido en el tema de la justicia cotidiana y no se ha hecho de su aplicación una política pública incluyente o colectiva. Esos temas los puso la sociedad civil en la agenda pública en los últimos veinte años, el problema ahora con la agenda presidencial es que las OSC están fuera de la óptica del Ejecutivo, y esa ausencia se refleja en los primeros datos de incidencia criminal de este sexenio y en las escasas perspectivas de crecimiento económico, por el momento existe una política que privilegia la figura presidencial abarcadora y sobre ella lamentablemente se definen las líneas o el futuro del país para este sexenio en todos los temas.

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