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Porfirio López

Espionaje, el regreso al pasado.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto presentó un informe que retomó el diario New York Times donde se induce que el gobierno mexicano ha estado espiando a algunos personajes públicos que laboran en la defensa de los derechos humanos, en los medios de comunicación y en organismos de la sociedad civil.

No es la primera vez que el influyente diario norteamericano revela  informes sobre el gobierno mexicano y que ponen a México como un país donde la democracia y la violación de los derechos humanos es un asunto crítico. El  asunto ahora ha alcanzado niveles de escándalo y regresan a postales del viejo régimen político mexicano que se creían rebasadas y sepultadas.

El informe que realiza la organización civil y la universidad canadiense se denomina “El gobierno espía” y  para el investigador John S. Railton es un hecho de espionaje sin precedentes en el mundo. El programa denominado “Pegasus” de manufactura israelí se construyó para combatir el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional.

Pero de acuerdo con la investigación México es el país que a pesar de no cumplir con esos dos criterios es el principal comprador de ese programa o malware espía, representando el 45 por ciento de todas las ventas globales. Dicho programa está diseñado para dirigirse contra teléfonos inteligentes, se propaga a través de mensajes SMS y una vez activado por el usuario conecta el teléfono con un programa espía. Eso hace al dispositivo móvil en una máquina de espionaje según revelan investigadores que elaboraron el informe.

El documento expresa que dependencias del gobierno mexicano como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrataron  los servicios de la empresa israelí NSO Group fabricante del mecanismo y desde el año 2015 se conocía que el gobierno federal los había utilizado según los aportes dados por directivos de la compañía italiana de espionaje Hacking Team.

Lo que hace el documento es sacar a la luz pública lo solo veíamos en series de televisión o películas ahora aplicado por un gobierno como el mexicano que ha utilizado ese mecanismo para violentar la intimidad de personajes públicos como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Juan Pardinas y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.

A todos ellos les fueron enviados mensajes a sus dispositivos móviles cuando tocaron temas sensibles para la población y delicados para el gobierno como el Caso Casa Blanca, las ejecuciones extrajudiciales de Tanhuato, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones contra la corrupción de  Javier Duarte, la Alianza por la Salud Alimentaria  y la agenda 3 de 3 que obligaba a los funcionarios a declarar sus propiedades.

En una carta dirigida al diario neoyorkino el gobierno federal  como lo ha realizado con otras revelaciones del impreso afirma que no hay prueba alguna que ellos se dediquen a espiar a periodistas y activistas de derechos humanos y pidió a los personajes involucrados a que presenten sus denuncias ante las instancias gubernamentales correspondientes.  A partir de la revelación del informe Miguel Angel Osorio Chong titular de la Secretaría de Gobernación negó que el gobierno realice prácticas de espionaje contra periodistas y representantes de la sociedad civil, en tanto la PGR ha emitido una conferencia de prensa donde afirmó que abrirán una carpeta de investigación  y realizaran las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

El tema coloca a México en riesgo de salir de la Alianza para el  Gobierno Abierto (AGA) de la cual el país fue fundador, dicho acuerdo es  una iniciativa conformada por 75 países que tiene el fin de promover la participación de la sociedad civil, combate a la corrupción e incrementar la transparencia. Con la revelación del New York Times el gobierno incumple y viola los mecanismos de la agenda de la AGA, situación que ya se había hecho evidente desde el mes pasado cuando diez organizaciones de sociedad civil abandonaron la iniciativa de la AGA cuando activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria denunciaron espionaje.

México está de nuevo en el escándalo global, ser un país que espía a sus principales críticos o a organizaciones de sociedad civil que intentan colocar temas sensibles en los poderes públicos representan un retroceso en términos democráticos, si todo lo anterior se demuestra ante las instancias correspondientes  entonces el país no habría avanzado nada en libertad de expresión, en construcción de una sociedad plural y lo que es peor que la clase gobernante mantiene su idea de intimidar y violentar de manera cotidiana el Estado de Derecho, porque no se entiende con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la democracia.

 

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