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Crónica

Gasera forzada: Huehuetlán el Gobierno de los errores

HUEHUETLÁN, S.L.P. “Yo jamás pondría en riesgo la vida de las personas, yo creo que ustedes tampoco lo harían, pero no podemos dejarnos llevar por los comentarios externos y de gente que desconoce”.

 

A principios de junio pasado en el ejido Chununtzén I, ubicado en la delegación de Huichihuayán, perteneciente al municipio de Huehuetlán, “Gasificadora del Golfo, A. C.” inició la construcción de un establecimiento para el suministro comercial y de autoconsumo de gas LP, cuyas instalaciones estarían ubicadas en un terreno de aproximadamente 25 metros cuadrados, el cual se encuentra a menos de 60 metros  de una iglesia católica, a 300 metros de una escuela primaria, a 32 metros de un taller mecánico con trabajos de soldadura, y a seis metros de la primera vivienda, de una población promedio en esa demarcación de mil 500 habitantes en más de 300 viviendas. La instalación -señalaron los quejosos- fue autorizada por el Gobierno Municipal presidido por Carolina Ramírez Villegas, cobijada por el Partido Verde Ecologista, quien recién acababa de recibir un apercibimiento por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) por el riesgo a la salud que representaba el tiradero a cielo abierto que habilitó como basurero municipal.

 

19 de junio

 

Rebeca Suárez Terán, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN, pero también habitante en la delegación Huichihuayán, que se encuentra a unos 300 metros del citado Ejido, acudió acompañada por un grupo de alrededor de cinco personas, pobladores de Chununtzén I, a la representación de Gobierno del Estado en la Huasteca, oficinas ubicadas en Ciudad Valles, para denunciar la obra de instalación de la gasera, que en ese momento llevaba ya un avance del 50 por ciento, y de la cual no estaban de acuerdo por las evidentes condiciones de riesgo a los habitantes; pero además, porque ni siquiera se les tomó en cuenta para conocer su opinión respecto a  la instalación.

 

En base a las reformas que ha tenido la Constitución Política Mexicana, desde el 2003 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estaría encargada de vigilar normas y reglas para el establecimiento de distribuidoras de combustible, incluyendo las de tipo comercial, para lo cual se considerarían los planes de desarrollo territorial en la localidad sujeta a estudio.

 

Debido al crecimiento de la población, las ciudades tienden a expandirse, y la construcción de colonias llegan a rodear establecimientos como gasolineras y gasificadoras, quedando en riesgo de algún peligro, ya sea explosión o derrame químico; para ello, el Estado o Municipio -en su caso- deben establecer políticas de prevención y seguridad (simulacros, capacitaciones en protección civil, primeros auxilios, establecer rutas de evacuación, puntos de encuentro, etcétera) dirigidas a la sociedad civil, comercial o empresarial según los rubros cercanos a los establecimientos considerados de alto riesgo, acciones en las que deben intervenir áreas como Protección Civil, Policía y Tránsito, paramédicos, Bomberos, etcétera; pero a lo mucho uno o dos  municipios -de 20 en la Huasteca- lo aplica.

En base a estudios que se señalan en los manuales de Protección Civil y que presenta la Comisión Reguladora de Energía, en caso de una explosión en algún establecimiento de suministro comercial de hidrocarburo, la afectación sería al menos para un perímetro de un kilómetro a la redonda.

 

 La Alcaldesa responde

 

El 23 de junio, una veintena de habitantes de Chununtzén I se reúnen con la Presidente Municipal y con el concesionario de la gasificadora, Federico Loredo, para pedir una explicación sobre la instalación del establecimiento y conocer a detalle las formas y motivos por el cual se le extendió un permiso, por el cual -aseguró- pagó mil 800 pesos, cuando un permiso para cualquier establecimiento del tipo, tan sólo para los estudios de impacto ambiental, requiere de una inversión arriba del los 500 ó 600 mil pesos.

Además del argumento respecto a la generación de empleos que les significaría (seis personas de mil 500 habitantes) Ramírez Villegas les prometió la construcción del techado de su galera ejidal (a manera de convencimiento) y luego citó, “yo jamás pondría en riesgo la vida de las personas, yo creo que ustedes tampoco lo harían, pero no podemos dejarnos llevar por los comentarios externos y de gente que desconoce (en referencia a las publicaciones de medios de comunicación locales) pero he tenido varias reuniones con Protección Civil del Estado y han encontrado elementos que hacen factible la instalación de la gasera, y que no representa mayor riesgo; en un momento más vendrá personal de Protección Civil del Estado, quienes se supone -corrige- bueno, mas bien, que saben de esto, y ellos les mostrarán documentos que avalan la instalación, no lo diré yo, lo dirán ellos”.

Un par de horas después, la Alcaldesa no llegó a la cita, y tras cuestionamientos de la Prensa, así como de los mismos habitantes, el personal que llegó desde la capital potosina, negó que hubieran tenido contacto con la mandataria, y mucho menos que hubieran emitido algún dictamen previo, pues en base a su solicitud con fecha del 19 de junio, apenas harían una primera evaluación. No hubo necesidad de otras.

El total del municipio históricamente ha sufrido por la escasez de agua, dado a que no se tiene el equipo de bombeo con la suficiente fuerza para abastecer a toda su población. Chununtzén I ni siquiera cuenta con el servicio entubado del vital líquido. Su zona habitacional se caracteriza por “privadas”; es decir, calles de un sólo acceso.

 

26 de julio

 

Habitantes del Ejido se percataron que habían reiniciado con las obras de construcción para la gasificadora;  en base al mismo argumento que dieron los trabajadores fue orden de la Presidente Municipal.

 

El 1 de agosto

 

El diputado Héctor Mendizábal Pérez, vicepresidente de la comisión de Ecología, acudió a la localidad de Tanleab,  para verificar las condiciones del tiradero a cielo abierto que habilitó la Presidente Municipal en esa localidad. Ahí mismo fue abordado por el comisariado ejidal de Chununtzén 1, Luís Meza Gudiño, acompañado por un grupo de 10 personas más, quienes le plantearon el desacato de la Alcaldesa. En respuesta inmediata, el Legislador los exhortó a que interpusieran un amparo para detener nuevamente la obra, y se comprometió a remitir el asunto a las instancias de Transparencia en el Gobierno del Estado, para conocer a detalle los movimientos administrativos y financieros del caso.

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, es la que estipula el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas; así como establecimientos de carburación para suministro comercial y de autoconsumo de gas LP. Indica que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos. Entre una larga lista de requerimientos, se específica que el área de despacho de combustible, debe estar a una distancia de resguardo mínima de 1.5 kilómetros, medidos a partir del eje del dispensario con respecto a lugares de concentración pública o su equivalente en cualquier parte del territorio nacional u otros usos urbanos.
El predio debe estar a una distancia de resguardo mínima de dos kilómetros respecto a actividades clasificadas de alto riesgo (en el que entra el taller de soldadura).

3 de agosto

Habitantes de Chununtzen 1 se entrevistaron con el diputado  Mendizábal Pérez, esta vez en la capital potosina; ahí el Legislador les explicó que Chununtzén I está registrado en el padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas (Tenek) y en base a la Ley de Consulta Indígena, obliga a las autoridades civiles -en este caso la Presidencia Municipal- a consultar a la comunidad respecto de la instalación de obras importantes como puede ser el caso; por lo que con toda la facultad, el Ejido podía solicitar la suspensión de la construcción de la gasificadora, hasta que no se consulte, y en todo caso los ejidatarios a través de Asamblea lo aprueben.
El diputado con la comisión de Ecología, les mostró un documento que Protección Civil del Estado envió a la Presidente Municipal de Huehuetlán, con fecha del 6 de julio, donde le recomiendan la suspensión de las obras, porque la gasificadora no presenta los requisitos ni los permisos indispensables para la instalación del establecimiento del suministro comercial.
Esta misma semana sesionará la Diputación Permanente, donde se dará cuenta a las instancias federales que correspondan sobre los oficios de queja y respuestas en torno al caso de Chununtzén I; y entonces, sólo deberán esperar la resolución que emita la o las autoridades federales.

 

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