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Editorial

LA EDITORIAL #Rv 12 junio 2017

Enrique Flores Flores, sólo

Lo acabábamos de decir, falta que a los órganos auditores también les pongan vigilantes; incluso en el Congreso del Estado, porque ahí, quien no cae, resbala; y es que el diario capitalino Pulso, difunde un video donde se “exhibe” al diputado panista Enrique Flores Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) haciendo enjuagues con el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, a quien le explica la forma -muy al estilo mexicano-.. sí, de limpiar “el cagadero” que tienen la mayoría de los gobiernos municipales, para lo cual se debe mochar (en su caso) con cuatro millones de pesos, porque el monto es entre el 10 y hasta el 20 por ciento de lo observado en las cuentas públicas.

Según en el video, el legislador panista asegura que la lana será solicitada por Oscar Bautista, vocal de la Comisión de Vigilancia y encargado de la “caja chica” de las extorsiones; Manuel Barrera Guillen, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y quien supuestamente es el que tiene las conexiones en la ASE, y José Guadalupe Sánchez Torres, presidente del Comité de Vigilancia.

Después del video, que de igual manera resultan ramificaciones que hacen mayúscula la desconfianza a nuestras “poderosas” autoridades y representantes políticos, ahora resulta que nadie fue, y todo mundo se deslinda; por supuesto el más embarrado es Flores Flores, a quien de plano sus colegas lo dejaron solo, hasta la amistad negaron públicamente, pero también tuvo excusa, y ahora resulta, que todo fue una treta, y que incluso el video está editado. Aquí el punto es, que cada uno deberá demostrar lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo y lo que no hizo, porque ya resultaron las denuncias, los primeros fueron Barrera Guillén y Guadalupe Sánchez Torres, ante la procuraduría General de Justicia, por difamación, cohecho, extorsión, malversación del recurso público, etcétera, etcétera, etcétera, y lo que le siga…

Ahora, si usted recuerda Flores Flores (el del video) enfrenta desde marzo pasado, junto con su homólogo Mariano Niño Martínez, un proceso de expulsión del PAN a solicitud del dirigente estatal Xavier Azuara Zúñiga, porque llegó a la presidencia de la Jucopo, sin contar con el aval del comité estatal como lo indican los estatutos del partido.

Azuara Zúñiga había designado como coordinadora a la diputada Xitlálic Sánchez Servín, pero ésta fue impedida por Flores y otros legisladores de asumir el cargo, y por ende a presidir la Jucopo, instancia que encabeza el PAN desde el 14 de marzo pasado hasta septiembre del año próximo.

La difusión de este video se inscribe en el contexto de la disputa del PAN por la candidatura presidencial, en la que Flores Flores es seguidor de Margarita Zavala, y el presidente estatal potosino, Xavier Azuara, del presidente nacional Ricardo Anaya.

Al respecto, el PAN que encabeza Anaya emitió este lunes un comunicado para ratificar: “nuestro total rechazo a cualquier acto de corrupción, así como nuestro compromiso con la transparencia y la ética pública”, y turnó el caso a la Comisión Nacional Anticorrupción, para que promueva la expulsión de los involucrados. Entonces… ¿es o no es un cagadero?

 

Jesús Cardona

Hablando de diputados, el diputado Jesús Cardona Mireles, quien tiene la comisión de Ecología, consideró que el problema de la basura que enfrentan la mayoría de los municipios potosinos -no se digan los que están en la Huasteca- se pudiera resolver con los rellenos intermunicipales, y lamentó que el principal obstáculo que tienen los ayuntamientos, para tener cada uno su confinamiento, es la falta de recursos.

Suponemos que el legislador no recuerda o desconoce los conflictos que generan las obras, infraestructura o servicios que comparten dos o más ayuntamientos. Para muestra un botón, y no vamos tan lejos: el caso del “relleno” intermunicipal, entre Tancanhuitz, Aquismón, Huehuetlán, Axtla y Xilitla  que comenzó operaciones en 2008, pero desde el 2006 ya presentaba inconsistencias.

A casi una década de iniciar, el confinamiento no se le ha visto ni por dónde tenga lo de relleno sanitario, porque está peor que tiradero a cielo abierto. Esas anomalías han generado al paso de los años y trienios, diferencias, pleitos y separaciones entre los gobiernos municipales. El primero en decir “yo me lavo las manos” fue Huehuetlán, que en su momento señaló la serie de irregularidades, cometidas por el gobierno de Tancanhuitz, donde está ubicado, y quien tiene la administración mayor. A finales del año pasado, Aquismón advirtió, que también saldría del relleno, y buscaría el propio.

Que bueno sería que el legislador (otro brillante) mejor pensara en habilitar aquellos rellenos inoperantes, sanear los basureros municipales a cielo abierto y erradicar los tiraderos clandestinos; en vez de estar pensando de qué otra manera se puede obtener dinero, con faramallas de obras benéficas a la gente.

 

Dora Leticia Flores, directora del DIF Municipal

Resulta que la venta de pan y galletas que hacen niños en las calles, plazas, plazoletas, parques y colonias enviados por las casas hogares, es ilegal, y puede ser sancionado como explotación laboral infantil, que actualmente tiene una pena de entre dos y seis años de prisión.

En el marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil, la Procuraduría de Protección de la Familia de las niñas y niños, adolescentes y de la mujer (antes Prodemm)  aseguró que los albergues o casas hogar en Ciudad Valles estarán vigiladas –quién sabe por qué hasta ahora- para evitar que ninguna de estas instancias obligue a los niños a trabajar.

Además de aplicar la Ley, de resguardar y proteger verdaderamente a los niños, y que no sólo sean “escenarios perfectos” para las campañas políticas, también deberíamos ver campañas informativas, porque muy pocos saben, que tener o hacer que un niño trabaje en las calles es un delito, y si lo saben pues hay que recordárselos, porque según Dora Leticia Flores, directora del DIF Municipal, a la fecha no hay denuncias.

Son en estos casos donde hace falta la sensibilización, sobre todo porque hablamos del sector más vulnerable de nuestra sociedad.

 

Regidor Lupe Arteaga, con guardaespaldas.

En casi todas las corporaciones policiacas que operan en la región y en toda la entidad, hay quejas y señalamientos por el déficit de elementos, que son rebasados por la población a las que están asignados proteger en un 300 por ciento. Ciudad Valles no es la excepción, como para que todavía se estén asignando como guaruras a los regidores.

La mañana de este lunes, el regidor perredista, cuya comisión es el de Seguridad, Guadalupe Arteaga, dijo en declaración periodística que se le asignó un policía municipal para que le cuidara las espaldas, y es que ante los señalamientos de presunta violación en contra de su ex pareja, y el escándalo en el que se vio envuelto, aseguró ser perseguido en varias ocasiones. No se pone en tela de juicio su afirmación.

Sin embargo, el presidente municipal Jorge Terán Juárez, aclaró minutos más tarde, que el “guarura” sólo fue momentáneo, que el elemento policiaco fue regresado a su base (si en ese momento aún no era así, tenga por seguro que mañana sí). El punto es, ¿acaso no tiene el regidor y profesor también, el recurso suficiente para pagarse su propio guardaespaldas? Porque además, el asunto, conflicto, cuentas o lo que sea, definitivamente es netamente personal, y entonces… ¿un elemento menos que salvaguarde cuando ya de por sí son insuficientes?

 

La principal cárcel potosina “La Pila” está a un seis por ciento de alcanzar su máxima capacidad entre la población de varones y mujeres; sin embargo, el ala que resguarda al sector femenino fue rebasado hasta en un 70 por ciento, según datos proporcionados desde el año pasado por el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, pues de tener una capacidad para 54 internas, a la fecha existen 80. Otra vez, son las del sexo femenino, las de mayor vulnerabilidad; o ¿será que hay más delincuentes mujeres que delincuentes varones?, aunque también existe la posibilidad, que los hombres tengan mejores defensas que las mujeres.

En el área de varones, la capacidad es de mil 793, y a la fecha se contabilizan mil 568; o sea, están al 92.52 por ciento de la capacidad en esa ala. De manera general, La Pila tiene una capacidad de mil 847 internos (entre hombres y mujeres) y a la fecha contabilizan a mil 739 personas; es decir, todavía le caben 108.

Como sea el caso, es un atropello a la rehabilitación (si es que la hubiera) de quienes sufren una condena que aunque por su mal comportamiento, no dejan de ser personas diría la CNDH. Y no sólo se trata de ver si hay o no hacinamiento, sino de evaluar primero cuáles son las herramientas y qué garantías hay de que una población de miles de internos que pagan una condena, de verdad tengan una rehabilitación, y no salgan (para quienes no lo eran) maestros de la delincuencia. En un lugar donde se carece de espacio, y más aún en hacinamiento, con condiciones insalubres, maltrato y todo lo que conlleve la palabra “indigno”, no puede haber rehabilitación; desde ahí deberían empezar nuestros órganos defensores de los derechos humanos.

 

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