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LA EDITORIAL RV

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Autoridades desairan 1ª sesión del Sistema Estatal Anticorrupción

Este viernes 17 de noviembre se llevaría a cabo la primera sesión del Sistema Estatal Anticorrupción, donde obviamente se darían cita el Consejo Ciudadano y el Comité Coordinador, este último conformado por autoridades; pero ninguno de sus integrantes acudió a la cita.

Desde hace una semana, a cada uno de los miembros, tanto del Consejo Ciudadano como del Comité, se les convocó para la primera sesión del Sistema Estatal Anticorrupción, reunión que por cierto pretendían hacer en lo oscurito; sin embargo, sólo acudieron los representantes ciudadanos, lo que obligó a suspender la reunión.

Aquí le recordamos quiénes son los “dignos” representantes del dichoso Comité Coordinador, quienes por cierto ni siquiera se tomaron la molestia de comunicar o justificar su inasistencia, salvo dos de ellos: Federico de la Garza Herrera, fiscal general en el Estado; Alejandro Lafuente Torres, presidente de la CEGAIP; Rocío Cervantes Salgado, auditora Superior en el Estado (comunicó inasistencia); José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Estado (comunicó inasistencia); Juan Pablo Almazán Cué, representante del Pleno del Congreso de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado; y Juan Ramiro Robledo Ruíz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Una vez más queda en la decepción la integración de una organización o sistema que se suponía serviría para contener el nivel de corrupción que sufre actualmente San Luis Potosí. Queda claro el interés por parte de las autoridades de terminar con ese “cáncer” que consume al Estado. ¡Lamentable!.

 

 

Lizbeth Gonzalez Bucio, mal rato

El cargo de regidora que ostenta Lizbeth González Bucio, la colocó en el “centro del huracán”, cuando se regó como pólvora la información sobre su “detención” a la altura de Rioverde, por conducir un vehículo robado.

Los hechos se suscitaron cuando la Edil viajaba de regreso desde la capital potosina hacia esta ciudad, acompañada de Samuel Salgado, (quien conducía), pero de pronto, policías federales les dieron alcance notificandoles que la unidad, una camioneta Ford, pick up, en la que viajaban tenía reporte de robo.

Efectivamente, la regidora y su acompañante fueron retenidos -mas no detenidos- varias horas, mientras demostraba que el vehículo lo había adquirido a través de compra – venta a un agente del Ministerio Público, para lo cual mostró la documentación respectiva. Al no haber motivo por el cual tuviera que seguir retenida, la autoridad dejó que continuara con su camino.

El meollo del asunto estuvo, que el vendedor (agente del MP) adquirió un vehículo, que en 2015 fue reportado como robado, y aunque posteriormente fue recuperado, nunca se notificó a las autoridades. Tras el deslinde de responsabildades, al final todo quedó en un mal rato para la regidora.

 

 

Jorge Luis Miranda Torres, blanco de burlas

Desde que el diputado Jorge Luis Miranda Torres ocupó el lugar de Enrique Flores Flores, ha sido víctima de burlas y memes a través de las redes sociales y de casi el total de los medios de comunicación, dado a su incapacidad de dar respuestas “atinadas”.

Esa incapacidad de “torear” las preguntas de los periodistas inició -para su mala fortuna- en un noticiario de cadena nacional, donde dio muestras de no tener idea de los temas que trataría al tomar el lugar de Enrique Flores. De sus desatinadas respuestas, la última la dio en un “Ciudadanos Observando” noticiario televisivo local, donde admite sentirse parte de “ese excremento de Congreso”.

Es claro que el Legislador no tiene ninguna preparación o experiencia, para responder ante los medios informativos.

Además de que ocupó el lugar que Flores Flores dejó viciado, Miranda Torres tampoco se ha caracterizado por sus participaciones o iniciativas ante el Pleno, lo que se le valió su reciente calificación en el desempeño legislativo, donde le otorgan el último sitio.

Es claro que, el Diputado necesita urgentemente un curso o personal que lo oriente en el trato y respuestas ante la Prensa, que ya hasta lo buscan sólo para “hacer el día” menos tedioso.

 

 

Gerardo Ruíz Esparza, se comprometió

La visita a San Luís Potosí del Secretario de Comunicaciones y Transportes en la Federación, Gerardo Ruiz Esparza, dejó como compromiso para el 2018, el inicio en su primera etapa de la modernización carretera Ciudad Valles-Tamazunchale.

Ya era justo y necesario que al menos se retomara el tema, pues desde que el gobernador Juan Manuel Carreras López gestionó la obra al presidente de la República, Enrique Peña Nieto en julio del año pasado, poco se había comentado del tema.

Aunque el titular de la SCT únicamente señaló que sería a partir del próximo año -sin especificar  en qué mes-, lo importante es que se concrete la obra, que en principio se valuó en alrededor de los tres mil millones de pesos; y que de resultar con esa inversión, estaría saliendo barata, tomando en cuenta que la Valles-Tamuín, con una longitud de 49 kilómetros, costó  tres mil 50 millones de pesos. Y es que en el caso de la modernización de la Valles – Tamazunchale se considera la rectificación de trazos en curvas, ampliación con un carril adicional, modificación de puentes vehiculares, alcantarillas, entre otros, en un tramo de 80 kilómetros.

 

 

Guadalupe Arteaga García, pasa la charola

El regidor perredista Guadalupe Arteaga García inició el pase de charola entre sus compañeros ediles, porque pretende recaudar recursos para la compra de 18 uniformes, que entregará a policías escolares.

Sea cual sea la verdadera intención del Edil, un hecho es que beneficiará a un sector de servidores públicos bastante desprotegidos, pues si tan sólo los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se quejan de infinidad de carencias, imagínese el sector dedicado al cuidado de  los planteles educativos.

Eso sí, Arteaga García deberá dar un informe puntual de la recaudación y aplicación correcta de ese recurso, pues al menos los dos primeros regidores que respondieron a la intención, se “mocharon” con 500 pesos cada uno.

 

 

Juan Paulo Almanza Cué, actuó por casualidad.

El Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura (STJE) que preside Juan Paulo Almanza Cué, cerró varios juzgados menores en el Estado, bajo el argumento de que la población ni siquiera sabía de su existencia, además de que la intención es optimizar y mejorar el uso de los recursos.

Tal vez hay mucha razón en la acción y argumento del magistrado, la cuestión es ¿porqué hasta ahora? Según lo señaló el propio presidente del STJE, realizó una visita sorpresa al municipio de Ébano, donde le sorprendió darse cuenta que la población no conocía las funciones del juzgado, algunos ni siquiera sabían que existía.

Almanza Cué, tomó protesta del cargo el 3 de enero de este año, y su función concluirá en enero de 2018. Desde el 2015 se buscaba la optimización de recursos para poder implementar el nuevo sistema de justicia adversarial en San Luis Potosí, y al magistrado -ni a nadie- se le ocurrió si quiera echar un ojo a la función de los juzgados menores; y tuvo que ser producto de la casualidad.

 

 

Sistema adversarial, a favor de los delincuentes

Y ya que  estamos en la “disfuncionalidad” de los procesos de nuestra justicia; a más de un año de implementada la reforma que dio paso al sistema adversarial, sigue llamando la atención que, es un ordenamiento que otorga rápidamente la libertad a los procesados, incluso en casos de delito flagrante.

El nuevo sistema penal cayó  en el error de sobreproteger al delincuente. El sistema adversarial pareciera que está diseñado para que los presuntos recobren su libertad de inmediato.

Es un hecho, que actualmente es más fácil que el delincuente recobre su libertad alegando cualquier “disparate” ante la Comisión  de Derechos Humanos, a que se haga justicia validando algún delito en flagrancia. ¿A poco no?.