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Editorial

LA EDITORIAL RV

Juan Carlos Gómez dice que existe la posibilidad de que si no se llega a ningún acuerdo con el Sindicato de la DAPAS, que se extinga el organismo y que sea el Ayuntamiento el que se encargue del abasto

Paren las prensas, decían, cuando una noticia relevante aparecía mientras se estaban imprimiendo los diarios, en un taller de alguna firma periodística y es que no es para menos: de acuerdo con el presidente del Consejo Consultivo de la DAPAS, Juan Carlos Gómez Sánchez, cabe la posibilidad de solicitar a Cabildo la extinción del organismo y que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de la distribución del vital líquido a los ciudadanos.

Esta posibilidad cabe por el simple hecho de que no se ha podido negociar con el Sindicato del Organismo, liderado por Alejandro Ballesteros Corona y en el entendido de que para la paramunicipal sería imposible cumplir con los puntos a que se refiere el pliego petitorio que han esgrimido en la actual huelga los sindicalizados. De hecho, Gómez Sánchez ha dicho que si llegasen a cumplirse los puntos del pliego, que la DAPAS no soportaría esa carga extra que, por revisión salarial anual y revisión del Contrato Colectivo bianual y aclaró que a pesar de que ellos están en la mejor disposición de hablar con el Sindicato, éste no se presta, cosa que suena rara, porque el Sindicato dice lo mismo al contrario.

 

Luis Ángel Contreras, abogado de un ejidatario de Plan de Ayala-Buenos Aires dijo que quienes impidieron el desalojo de los asentamientos irregulares en ese lugar, cometieron un delito y serán llamados por la justicia

En la colonia Buenos Aires se volvieron a caldear los ánimos, porque acudieron alrededor de 100 policías, acompañando a un ministerio público, quien tiene la orden de restituir un predio de 2.5 hectáreas a un ejidatario de Plan de Ayala, llamado Manuel Escobar, porque gente de Irma Cardoza (detenida desde julio de 2017 en la cárcel estatal de Valles) ocupó ese predio de manera irregular para hacer lotes para vivienda.

Pero representantes de Antorcha Campesina, liderados por Reyes Ávila Obispo que superaban en número a los policías, usaron llantas y alambres de púas a manera de barricadas y se armaron de piedras, palos y machetes para impedirlo, constituyendo con esto un delito, por configurarse un desacato contra un ordenamiento judicial y volviéndose los miembros de esa resistencia objetos de denuncias penales que la defensa del propietario, Luis Ángel Contreras Malibrán, ya están preparando.

Lo malo del asunto es que el ordenamiento se tendrá que dar tarde o temprano y el enfrentamiento parece que será inevitable, cosa que enrarecería aún más el mar picado en el que se ha convertido el municipio de Valles.

Por cuestiones políticas, Matilde Hernández Méndez mandó interrumpir el servicio del agua a 10 mil personas que viven del Sistema Tanchachín

Matilde Hernández Méndez dio instrucciones a exempleados del municipio de Aquismón para que cerraran las válvulas que abastecen de agua a siete mil vallenses y a dos mil 500 aquismonenses a través del Sistema de Agua Tanchachín y aparte, dejó un letrero en el portón de las instalaciones de este sistema que decía: “Esta proibido entrar a esta area Aquismon y Valles hasta nuevo aviso (sic)”.

Los llamados de queja comenzaron a sonar telefónicamente en la DAPAS la tarde de ayer y por la premura del asunto, el director de DAPAS, Marco Antonio Guillén Rivera dio a conocer el asunto al delegado de la CONAGUA en el estado, Manuel Téllez Bugarín, para que se pudiera resolver la interrupción y además porque es una zona de interés federal, por la extracción que se hace de las aguas.

Al final del día, hoy pudo ingresar personal de la DAPAS y de CONAGUA a ese predio para echar a andar las bombas de extracción y de distribución, para que se comenzara a restituir el servicio a las casi 10 mil personas afectadas por una cuestión que es meramente política.

 

La DAPAS está obligada a pagar todos los beneficios a su Sindicato, siempre y cuando sea solvente

El abogado y exdirector de la DAPAS, Luis Ángel Contreras Malibrán explicó que la DAPAS no está obligada a pagar beneficios extras como fiestas o viáticos costosos a los miembros de la directiva de su Sindicato o a los agremiados en éste cuando el organismo se encuentra en problemas financieros.
Dijo que nadie debe usar el término de “quebrada”, refiriéndose a la DAPAS, porque es un organismo que brinda servicio y que lo pagan los ciudadanos, no una sociedad mercantil, como una empresa privada, pero que la DAPAS se encuentra muy comprometida, porque tiene una deuda de 44 millones de pesos y no tiene dinero para gastar, así de simple.

En el Manual de Prestaciones de la DAPAS se asegura que todas las prestaciones adicionales que pide el Sindicato son válidas, siempre y cuando el organismo esté sano de sus finanzas y solvente, no en la posición que está ahora.

El Gobernador del estado, Juan Manue Carreras piensa que sería bueno que se debatiera sobre la legalización de la marihuana

Después de algunas preguntas de legisladores sobre la inseguridad que priva en el estado de San Luis Potosí, el Gobernador Juan Manuel Carreras López, en su comparecencia ante el Congreso local dejó entrever que no ha visto con malos ojos la política que habla sobre la regulación y la despenalización del uso de la marihuana y dijo que el prohibicionismo ha dado muchos ejemplos de que no ha funcionado tener como penado el uso de esta droga, porque se criminaliza a los consumidores y se empodera al crimen organizado.

Dijo no estar a favor de la legalización, porque se reconoció como neófito en el asunto, pero dijo que le gustaría que se debatiera el tema, porque el problema del tráfico ilegal y de los criminales organizados se refleja a diario en las cifras sobre actos delictivos de alto impacto y en los homicidios que han asolado a la entidad.

Interesante reflexión del Gobernador sobre el debate de la legalización de la marihuana, que es una posibilidad a la que no le hace el feo.

 

En el Ayuntamiento, hay un verdadero rompecabezas respecto a la elección indígena que puede afectar a varios funcionarios si no se resuelve

En un completo relajo se encuentran en la Secretaría del Ayuntamiento de Valles, porque ahora resulta que los indígenas que habían rechazado la idea de la convocatoria para elegir a su director de asuntos indígenas, siempre sí quieren que se lleve a cabo la elección.

Hace más de un mes, antes de que entrara el Gobierno de Adrián Esper, en la zona indígena hubo una elección del representante de los tének, en la que el actual munícipe incluso estuvo presente.

Pero la Secretaría del Ayuntamiento consideró que no había sido válida la elección, porque no fue durante el Gobierno en funciones. Esto no gustó entre los representantes de la zona tének y el INDEPI, a cargo de Raúl González Vega dio a conocer que la elección anterior al inicio de la administración era válida y que no respetarla, constituiría una falta grave que le podría dañar al alcalde, porque se trata de un puesto de elección indígena y de una consulta de esta naturaleza.

Entonces la Secretaría del Ayuntamiento mencionó que se respetaría legalmente la elección ya existente, pero como salió la convocatoria, los que perdieron en las primeras votaciones se dieron cuenta de que tenían una segunda oportunidad y ahora quieren que haya consulta, cosa que complica y enrarece las cosas, porque los indígenas están dispuestos a denunciar en Derechos Humanos por no respetárseles sus derechos.

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