Clara González González, presidenta de la asociación “Somos amigos de los animales de Ciudad Valles” mandó un documento al alcalde Adrián Esper Cárdenas en el que expone que su grupo gasta 12 mil pesos mensuales en mantener a perros que rescatan de las calles y que guardan en su sede, cerca del parque Pípila, para que no sigan reproduciéndose de manera indiscriminada y por eso se toma el atrevimiento de que la apoyen con esa cantidad -mensual-, para rescatar perritos de su condición de calle.
Lo raro es que esta misma señora que siente un amor exacerbado por los animales, más que por los humanos estuvo trabajando como contralora del Ayuntamiento en el trienio de Jorge Terán, y durante los tres años no lo molestó ni siquiera con pedirle la hora, pero ahora que se quedó sin hueso (para los perros), pues sí quiere que le ayuden con su agrupación que, se supone, está conformada por gente que aporta para que les vaya bien a los canes que andan en la calle, en el desamparo.
De veras, qué oportuna. Habría que recordarle que quien conforma una asociación de apoyo a humanos o mascotas debe prever la manera de ayudarles y no esperar que el erario le apoye en algo que, se supone, ella hace de buena voluntad.
Ahora mucha gente dejó de lado la psicosis por la delincuencia organizada o por los robachicos para darle paso al virus de la influenza AH1N1 que ha matado gente en Valles, de acuerdo con la imaginación de muchos ciudadanos sin mucho qué hacer y a los que les gusta confundir a los demás para ver el mundo arder.
Ahora resulta qué hay muertos de influenza, como si la Secretaría de Salud fuera un gángster italiano que puede esconder cadáveres o mentir sobre la razón de su muerte a la policía, porque el chisme que anda circulando es que la gente se está muriendo de influenza AH1N1 en el IMSS, pero que el instituto altera el dictamen final de la muerte de las personas, poniendo otras razones del deceso.
La Secretaría de Salud ha dado a conocer qué ha habido 4 casos de influenza, uno detectado en octubre y tres más en este mes, que se están tratando en el IMSS de Valles, pero no se ha dado a conocer ninguna muerte por esta cepa, aunque sí hay muertes por neumonía, en personas de la tercera edad.
Mejor hay que indagar con seriedad.
Apenas y se puede creer lo que ha encontrado la Contraloría del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a cargo de José Mejía Lira y la Secretaría del Ayuntamiento, cuyo titular es Sebastián Pérez García en el final del proceso de entrega-recepción, culminado el 13 de noviembre, sobre el Gobierno de Ricardo Gallardo Juárez, quien fue alcalde de 2015 a 2018 y que habla de un manejo totalmente arbitrario de los recursos de los potosinos de la capital y de otras localidades, así como de simulaciones abruptas que lesionaron al presupuesto de la ciudad más importante del estado.
El secretario del Ayuntamiento anunció que, por ejemplo, se encontraron compras en sobreprecio al doble en 20 vehículos, cuyo costo, cada uno de ellos, era de 400 mil pesos y Gallardo los pagó a 800 mil.
Además, cobraba licencias y no las registraba en los libros de las cuentas de su Gobierno, contrataba o subcontrataba indebidamente obras; los nuevos del Gobierno hallaron también faltas graves al Ramo 33 y 28 e incumplimientos de contratos que ascienden a poco más de 1 mil 200 millones de pesos.
Durante el Gobierno de Gallardo se encontraron también con desapariciones de bienes, expedientes y documentos de comprobación fiscal, en las áreas de Administración, Planeación, Finanzas, Tesorería, que juntan 890 observaciones; Comercio, con 146 observaciones; DIF municipal con 109 y Catastro y Desarrollo Urbano, con 106. O sea, donde se manejaba dinero, hubo algo chueco.
Esta información demuestra que el actual Gobierno quiere que se acabe la impunidad y estas anomalías serán presentadas a la autoridad competente, para que se finquen responsabilidades.
Ahora sí, para que no quedara lugar a dudas, el Oficial Mayor de la alcaldía, Antoine Amin Gerala dio a conocer que el morenista, Mauricio García Cabrera salió definitivamente del cargo de titular del Programa Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED), porque así se lo anunció a éste, la directora de Recursos Humanos, Aimé del Carmen Gudiño.
Luego de que se había dado a conocer hace algunos días la salida de García Cabrera, quien continuó en el puesto y, después de que él mismo presumió de que era inamovible en ese cargo, la administración lo removió, convirtiéndose en el tercero de los funcionarios que causa baja en el Ayuntamiento, ya que primero fue Luis Gerardo Hervert, hijo del extesorero, Sinesio Hervert, quien despachó durante dos semanas en Recursos Humanos y el segundo en irse fue el doctor Mario Olvera, que se despidió de la Oficialía Mayor, debido a asuntos personales, como lo expuso en su renuncia.
Pero esta vez, quien adoptó una actitud protagónica en el Programa a su cargo, dentro del FORTASEG, ya no estará al mando de ese despacho.
La DAPAS continúa con un estira y afloja que parece que no va a terminar, porque, mientras en la mañana el abogado del Sindicato del Agua Potable, José Matilde Hernández Méndez hablaba de que ya se había celebrado un acercamiento entre él, como parte del gremio y el Síndico, Alejandro González Duque, el oficial mayor, Antoine Amin Gerala y el Secretario del Ayuntamiento, Gilberto Almendárez Marín, con miras a resolver el conflicto de 17 días que no parece tener salida, en la tarde, Alejandro Ballesteros Corona, líder del Sindicato se apersonó en la oficina que la DAPAS abrió temporalmente, por la huelga, para reclamar al director que no se le hubiera pagado su quincena a los trabajadores del organismo que siguen laborando para garantizar el abasto y para reparar fugas y que estaban en actividad, precisamente por un acuerdo entre el gremio y la dirección.
Ballesteros dice que la dirección les debe de pagar y el director Marco Guillén afirma que es el Sindicato el que les tiene que compensar por trabajar, pero que son obreros en huelga y como tal no se les puede abonar el sueldo. Esto provocó que el líder sindical anunciara que se levantarían 28 demandas por retención de salario contra el director de DAPAS.
Aquí lo interesante es que Matilde Hernández y Alejandro Ballesteros parecen no concordar en algunos asuntos en los que deberían ser como uno mismo, aparte de que el enojo de los que trabajaron durante el paro, podría hacer que de veras deje de haber agua en la ciudad.