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Editorial

LA EDITORIAL RV

Manuel Barrera Guillén, ¿No qué no aceptaría el auto?

Casi 10 mil pesos gastó el Congreso del Estado en servicio de grúa, porque el diputado Manuel Barrera Guillén descompuso en  Monterrey Nuevo León, el vehículo último modelo que le asignó la Legislatura.

Todavía algunos meses atrás el legislador crítico fuertemente a sus homólogos por aceptar vehículos que les otorgaba prácticamente cada año el Congreso del Estado; y hasta se atrevió a decir que ese recurso bien pudiera ser utilizado para el subsidio en el transporte público en beneficio de estudiantes.

Así que muy escondidito Barrera Guillén andaba en la ciudad regiomontana, quién sabe en qué asuntos, porque el Congreso no tiene registro de alguna comisión para el Diputado en aquella entidad, por lo que se asume que iba a una cuestión personal.

No está demás informarle que el congreso local erogó más de seis millones de pesos para la adquisición de 27 vehículos último modelo que fueron asignados a los legisladores. De esa flotilla, el vehículo averiado por Barrera Guillén, es el tercero, que se suma a los chocados a mediados de este año, y que estaban asignados a las diputadas Guillermina Morquecho Pazzi y Rebeca Terán Guevara.

 

Manuel Morales Ramírez, mal entendió el destino del recurso federal.

En un gran conflicto está metido el presidente municipal de Coxcatlán, Manuel Morales Ramírez, porque al parecer mal entendió el destino que debía darle a cinco millones 949 mil 723.08 pesos; recurso federal asignado a obras para beneficio de la población, pues en vez de eso, aumentó -sí las obras- pero para sus ranchos.

En realidad la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le observó más de siete millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo que representa el 17.8 por ciento, de un total de 33 millones 396 mil 259.43 pesos, etiquetado desde la pasada administración municipal, principalmente a albergues y comedores comunitarios.

Resulta que cuando el órgano fiscalizador realizó las auditorías correspondientes al citado ejercicio fiscal, encontró que el recurso dejó de aplicarse a partir del inicio del mandato de Morales Ramírez, y por consiguiente, las obras ubicadas específicamente en el ejido Calmecayo, así como en las comunidades de Mahuajco, Suchiaco y Tioamel, están sin  avances.

Sin embargo, en un tono totalmente opuesto, el mandatario adquirió modestos ranchos: uno en la comunidad Plan de Los Jobos 1ª sección, y un segundo -pero éste en Axtla de Terrazas- en la comunidad El Jopoy; ambos de 20 hectáreas nada más. Además de uno familiar (adquirido con sus hermanos) de cinco hectáreas en la comunidad de Arroyo Seco, también en Axtla.

 

Endeudado Municipio de Tampamolón

Otro caso similar fue el del expresidente de Tampamolón, Narciso González (2007-2009) quien endeudó al municipio con un crédito de nueve millones de pesos ante Banobras, para la construcción de un mercado, que ni siquiera inició.

En este caso -cuando era “legal” que los órganos fiscalizadores recibieran su mochada-  dieron luz verde al entonces Alcalde, para que el préstamo pudiera liquidarse en un lapso de 15 años.

Desde entonces, los gobernantes de Tampamolón, únicamente van pasando la estafeta. Es decir, quien ocupe la Presidencia de aquel municipio dentro de dos administraciones más, será quien le toque “bailar con la más fea”. La pregunta es, ¿quién será el valiente? Porque ya ni hablar de responsabilidades de un dinero que lo más seguro ya esté bien invertido en propiedades del exalcalde y uno que otro auditor.

 

Sentencia de doble cadena perpetua

José Manuel García Sota (a) El Zafado, de 36 años de edad, y Jesús Iván Quezada Piña (a) El Loco, de 29, fueron condenados a “doble cadena perpetua” por el homicidio de un agente migratorio estadunidense, durante un ataque con armas de grueso calibre, cometido en 2011 sobre la carretera 57 (San Luis Potosí – México).

La sentencia se dio ayer lunes en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, por el juez Royce Lamberth; luego de que “El Zafado” y “El Loco” fueron declarados culpables por el homicidio del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) Jaime Zapata.

Con la sentencia se cierra el caso del asalto armado donde resultó muerto Zapata, y herido otro agente identificado como Víctor Ávila Jr.

Los sentenciados, quienes aseguraron ser miembros del grupo delictivo Los Zetas, constituyeron el primer homicidio de un agente federal estadunidense en territorio mexicano después de 26 años, pues fue en 1985 el último homicidio -en este caso- en contra de un integrante de la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, en los tiempos que “gobernaba” Miguel Ángel Felix Gallardo el narco en México.

Los integrantes del grupo delictivo, en misión de robar autos para actividades del narcotráfico, atacaron las camionetas blindadas donde viajaban los diplomáticos.

 

Daño colateral por conflicto familiar.

Un problema familiar traspasó la línea de responsabilidad y ahora quienes la pagan son los alumnos de la preparatoria “Rodolfo Rodríguez Suárez” y de la primaria “Leona Vicario”, ubicadas en el mismo plantel.

Los hermanos Bonfilio y Lidia María Pozos Galván, inspector de zona y directora de la Preparatoria respectivamente, tienen conflictos entre sí, problemas que trasladaron al ámbito educativo, pues en represalia hay retención en el pago de nómina y de basificación a los docentes de la prepa, quienes a manera de presión, tomaron las instalaciones, que alberga a ambos niveles,pertenecientes al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

Definitivamente las autoridades educativas deben tomar cartas en el asunto, y poner un alto a la afectación colateral que provoca el conflicto entre los hermanos Pozos Galván. Además de que es criticable en todos los  sentidos que dos niveles que distan mucho en normas y responsabilidades compartan un mismo plantel… Y ahí está una de las consecuencias.

 

Campañas de bajo impacto

Concluyó la Semana Nacional Contra las Adicciones, una campaña dedicada anualmente a promover -sobre todo en escuelas- las medidas de prevención para reducir el consumo de alcohol, tabaco o cualquier tipo de drogas; sin embargo pareciera que este tipo de estrategias tienen bajo impacto pues el indicativo aumenta cada año.

Según información de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, en 2016 se obtuvo como resultado que el 40.8 por ciento de la población estudiantil en niveles de secundaria y preparatoria, presentaban algún tipo de adicción. El mismo porcentaje se obtuvo en ocho meses de este año.

No se trata de llevar a cabo campañas o programas de “prevención”, únicamente para justificar gastos de los recursos asignados al rubro de salud;  pero tal pareciera que las autoridades o los responsables de esa gran tarea, no lo ven así.

 

Jorge Terán Juárez, en análisis

A más tardar el 15 de este mes se dará a conocer el nombre de quien quedará al frente del Parque Recreativo Tantocob, así como el presupuesto asignado para su manutención.

En base a las declaraciones del presidente municipal Jorge Terán Juárez, a la fecha están en el análisis de organización y estructuración a fin de mantener el espacio en condiciones dignas para el uso de las familias vallenses. Será muy importante que la gente de la región que irán en coordinación con gente de Gobierno del Estado para el cuidado del parque, velen por los intereses de los vallenses y  que este no sea controlado desde San Luis Potosí, donde poco o nada les importa las condiciones en los que éste se mantenga.

Por cierto, el alcalde recordó que lo inaugurado por el Gobernador del Estado la semana pasada,  corresponde apenas a una primera etapa.

 

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