Estado

Presenta el Diputado Edson De Jesús Quintanar Sánchez punto de acuerdo para priorizar el uso del código abierto en materia de adquisiciones y arrendamientos

Se debe reducir el costo en la contratación de software para equipo de cómputo

 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. El diputado Edson Quintanar Sánchez presentó en sesión de la Diputación Permanente, un Punto de Acuerdo para exhortar a los  titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública para que en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana en matera de adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo, se priorice el uso del código abierto.

 

Señala en su exposición de motivos, que se hace conveniente que desde los poderes del Estado, quien tiene la obligación de velar por la observancia del justo pago por los servicios que contratan los consumidores de softwares, se implemente el denominado Código Abierto para que la administración pública federal reduzca los gastos por contrataciones de softwares y sistemas de cómputo.

 

Indica que desafortunadamente, en el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado; donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  no se contempló el término de Código Abierto en la redacción de la fracción III del artículo 16 que versa sobre adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo.

 

Agrega que por esta omisión, se puede ocasionar que no exista ningún ahorro por concepto de contratación de softwares que atiendan las mejoras y la modernización de la gestión pública, tal y como lo debería contemplar inicialmente la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado.

 

Por ello, indica, se debe exhortar respetuosamente a los titulares de la entidades públicas señaladas a iniciar en la medida de lo posible con la implementación –en los plazos señalados por la Ley- del software libre y de código abierto, conocido como FOSS por las siglas en inglés de Free and Open-Source Software, ya que este software, permitiría a los usuarios de la gestión pública ver, estudiar, modificar y mejorar el diseño de las herramientas computacionales requeridas –que se adapten a las necesidades específicas- gracias a la disponibilidad de su código fuente.

 

En su exposición de motivos, establece que entre las ventajas, que representa el manejo de un Código Abierto a los usuarios, es que es un modelo que se basa en la colaboración abierta, la cual puede ser utilizada sin restricción alguna, cuyo costo es nulo o ínfimamente menor que el software de licencia, que de manera cotidiana se utiliza actualmente.

 

En su artículo “por qué el código abierto pierde el punto de vista del software libre”, Stallman establece que el término código abierto implica disponibilidad de acceso al código fuente. Además de que ofrecen la plataforma ideal para dependencias, institutos, programas estratégicos, centros de investigación y universidades de todo tamaño, al consolidar la infraestructura, crear entornos informáticos escalables y elevar la productividad y el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

 

Este modelo de desarrollo de software provee control y certeza en la seguridad, con estándares y certificaciones integrales, fundamentado en el conocimiento de la operación gubernamental, para facilitar su transferencia a otras áreas o instituciones y, como ya se ha mencionado, continua mejoras tecnológicas de la comunidad, aprovechando experiencias y recursos de manera eficiente.

 

Además hay que señalar que diversas empresas ampliamente conocidas operan bajo este software como Netscape Navigator, Wikipedia, Google ha lanzado el primer teléfono con sistema operativo Android, basado en Linux y otros componentes de código abierto y Red Hat, quienes precisamente al día de hoy lideran proyectos en sector público, automatizando procesos, reduciendo costos y garantizando el correcto desempeño de la operación institucional.

 

El Punto de Acuerdo fue turnado para su análisis a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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