Regionvalles

Porfirio López

Qué empiece el show.

 

Todo lo que venía sucediendo y lo que suceda en los próximos días en torno al ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa es como él mismo lo bautizó: un show. Éste ha iniciado desde su fuga de la entidad costera, su búsqueda, su posterior detención, su extradición y ahora el inicio de su proceso legal ya detenido en el reclusorio norte de la Ciudad de México.

La sociedad y las redes sociales ya actuaron como ministerio público. En ese entorno Duarte de Ochoa es un auténtico bandido, un sinvergüenza metido a la clase política, un funcionario público corrupto, un ícono del bandidaje cobijado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un ser social deleznable que no se merece nada, un cínico que sonríe a las cámaras de televisión sabedor que conoce los entretelones del poder político mexicano a gran escala y ello le da grandes ventajas ahora que enfrentará a la justicia mexicana.

Ahora ya con Duarte de Ochoa en la cárcel, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que aportar las pruebas suficientes para recluir por muchos años a Duarte de Ochoa en un reclusorio bajo los cargos de lavado de dinero, uso y desvió de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Una serie de acusaciones que servirán  en los meses por venir para lo que el político veracruzano bautizó como un show, porque todas ellas  se las tienen que fundar, motivar y probar penalmente ante un juez. Y precisamente el caso de Javier Duarte todos los ingredientes para ser una especie de comedia política, jurídica y  social que abona a la incredulidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal  en vísperas del arranque del proceso electoral  del año 2018.

Por ello desde el inicio de su encarcelamiento en Guatemala, Duarte de Ochoa se mostró sonriente, cínico y confiado en su equipo de abogados que intentará irle quitando cargos conforme avance su proceso legal, tal como ha venido sucediendo con otros personajes políticos acusados de los mismos cargos que le imputan al ex gobernador veracruzano.

Solo hay que recordar que los grandes corruptos como el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, el ex gobernador Humberto Moreira y el  empresario Amado Yáñez por citar algunos de los más renombrados han sido acusados y detenidos por la PGR, pero cuando se inicia su proceso jurídico sus equipos legales han encontrado fallas en el debido proceso, inconsistencias en las acusaciones y finalmente los errores en la integración de las investigaciones han permitido que gocen de libertad, con comodidades en su estadía en un reclusorio y que su riqueza acumulada en su tránsito político este a buen resguardo.

Su primera audiencia del sábado pasado refleja precisamente eso, la debilidad de las acusaciones, la escasa seriedad de un Sistema Nacional Anticorrupción, la intromisión del gobernador  veracruzano en funciones Miguel Ángel Yunes Linares jugando a ser  ministerio público y  la plena seguridad o confianza que tiene su cuerpo de abogados en que su cliente no es un delincuente como se acusa en la Auditoría Superior de la Federación o en los medios y en diversas investigaciones periodísticas.

Como ha sucedido con otros políticos nacionales en los últimos cinco años, la primera audiencia de Duarte de Ochoa demuestra la fragilidad del armado del expediente que tienen las autoridades frente a un bufete de abogados que defienden al ex gobernador, que buscaran reducir sus penas y su posterior abandono del reclusorio para seguir su proceso en libertad, sin afectar su patrimonio y  por último, lo complicado que será fincarle responsabilidades penales a un político  priista que tejió una compleja red de complicidades y que en su momento destapó como candidato presidencial a quien hoy funge como titular del Poder Ejecutivo.

 

 

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