San Luis Potosí

Reduce sindicatura en menos del 50% rezago en casos laborales.

Con responsabilidad resuelve diversos asuntos sin afectar arcas municipales.

Se respetan derechos y se reinstalan a 143 ex trabajadores o empleadas.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.   Además de respetar y acatar las disposiciones de los Tribunales en materia laboral, el Gobierno de esta capital ha reducido de manera considerable el grave rezago heredado de pasadas administraciones, sin afectar las finanzas municipales actuales, así lo confirmó la Síndica Municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez.

Especificó que de los más 800 asuntos pendientes que se dejaron como herencia a la presente administración, luego de una revisión a cada caso se logró reducir a 500 activos, y gracias a la labor de negociación, conciliación y acatamiento, en la actualidad solamente quedan en espera 350.

Si bien, la Sindicatura tiene una partida especial anual para este tipo de situaciones, insistió en que se han cuidado las arcas municipales, sin afectar los derechos laborales, “por lo que no se han presentado quejas por violación a sus garantías o porque se les haya recontratado bajo otras condiciones”.

En cuanto a las reinstalaciones, refirmó que se han hecho de manera responsable a  favor de 143 ex empleadas y trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada en pasadas administraciones, y su reingreso es bajo sus mismas condiciones laborales, es decir si es sindicalizado, con base o de nómina, así como con el sueldo que antes de su salida percibía.

La mayoría se ellos, añadió Vázquez Martínez, se logró solamente con reinstalación y sólo en seis casos con además una remuneración económica, pero sin ser onerosa. Acerca de quienes no piden reinstalación, pero sí una cantidad económica, dijo tener conocimiento que apenas “vienen en camino tres, pero implicarán entre 40 mil y 50 mil pesos, cifras que no representan riesgo para las finanzas municipales”.

La Síndico Municipal fue muy clara al confirmar que los Tribunales en asuntos Laborales son quienes determinan cada caso, “y nosotros como Ayuntamiento defendemos los intereses de la ciudad y sus habitantes, y finalmente atacamos lo que establece la autoridad en esta materia”.

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