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Paso Express de Cuernavaca deja 9 funcionarios inhabilitados

La CNDH emitió la recomendación 34/2018, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Banobras, Conagua, al Gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca  

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabiliza a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno de Morelos y a las autoridades del municipio de Cuernavaca, por la violación al derecho de la vida de las dos personas que perdieron la vida tras el socavón del Paso Exprés.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que perecieron dos personas”, afirmó la CNDH.

La comisión determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas que hay responsabilidad de la SCT en el socavón debido a negligencia y posibles hechos de corrupción en la construcción del libramiento.

Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción dellibramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, fueron el origen del socavón que dónde fallecieron –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones.

Por lo que entregará a la PGR los resultados de sus investigaciones, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la correspondiente carpeta de investigación.

Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas, ya que, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

 

 

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; a Alfredo Vara Alonso y a Roberto Ramírez de la Parra, directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Al presentar la recomendación, el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, señaló que en su investigación de oficio sobre la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares.

La CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y BANOBRAS, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Además, no contempló todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los trabajos o no fueron tramitados; y pese a la advertencia de las constructoras y la Comisión Estatal del Agua, la SCT no reparó el desbordamiento de la tubería del drenaje que cruza el kilómetro 93+857 del socavón, lo que influyó en el hundimiento de la vialidad.

También señaló responsable a la CONAGUA al no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, en particular donde se abrió el socavón, y por no realizar visitas de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de la obra sin los permisos respectivos.

Dijo que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje; dejó acumular la basura en el alcantarillado del drenaje que cruza el socavón y fue rebasada su capacidad de respuesta durante el hundimiento.

En tanto, el Gobierno de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más.

Respecto del posible esquema de corrupción de BANOBRAS y la SCT, la CNDH observó irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94% en el costo previsto de 1,134 millones 215,941.01 pesos y aumento de 7 meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.

Precisó que la construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno.

Pidió para las víctimas se incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

La Comisión subrayó que imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente.

Vía Excélsior

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