Porfirio López

Sembrar marihuana: ¿opción para salir de la pobreza?

El presidente municipal de Ciudad Valles Adrián Esper Cárdenas se ha posicionado en los medios impresos, digitales y en las redes sociales a partir de declaraciones espectaculares, gana un peso de sueldo, dona su salario mensual a escuelas y organizaciones de la sociedad civil, anuncia una ciclovía, propone la dolarización de la economía local, anuncia la compra de parque vehicular al empresario Elon Musk propietario de Tesla, es felicitado por el actor Charlie Sheen con motivo de su primer informe de gobierno, anuncia proyectos como la Ciudad Administrativa, presume la colocación de 12 mil lámparas LED, pide abrir negocios ante la pandemia de Covid-19, propone la construcción de un aeropuerto en 34 meses y por último pide a comuneros indígenas sembrar marihuana para salir de la pobreza. 

¿Qué tan factible es sembrar marihuana en las comunidades indígenas de Ciudad Valles y qué tan cierto es que a partir de su siembra podrán salir de línea de pobreza? El presidente Adrián Esper no respondió, ni explico a profundidad eso, ni ofreció detalles sobre su declaración y por ello vale la pena escudriñar que discusión existe en torno a la siembra del cannabis en México. 

No es un asunto menor lo que propuso el presidente Esper Cárdenas, en torno al cannabis existe todo un entramado constitucional, legal, empresarial y farmacéutico. La política de drogas del Estado mexicano se ha enfocado en el último cuarto de siglo XX y la primera década del XXI a reducir el problema a crimen organizado, a actividad ilícita. En consecuencia, la política sobre cannabis operó a partir de una óptica criminal, no se crearon centros de adicciones, ni políticas públicas en torno al tema, lo que ha venido sucediendo es que quien tuviera una superficie sembrada era acusado de narcotraficante debido a lo ilícito de la actividad o quien fuera un consumidor de cannabis era tratado como criminal, en lugar de ser considerado adicto. 

Las organizaciones criminales de los años 80 en México se dedicaron a la siembra, cosecha, transporte y exportación ilegal de cannabis en zonas serranas de diversas regiones del país, cuyo destino era principalmente Estados Unidos, así amplios territorios de la costa del Pacifico ubicados en las entidades de Sinaloa, Michoacán, GuerreroJalisco y en sierras de Durango y Chihuahua operaron como centros productores ilícitos de marihuana cuyo destino final eran millones de consumidores en la Unión Americana. Así creció por ejemplo la figura de Rafael Caro Quintero, quien se hizo famoso por el rancho El Búfalo en el municipio de Allende, Chihuahua, donde se implementaba toda la cadena de valor ilícito de la marihuana. 

A partir del año 2005 el cambio en el mundo de las drogas se aceleró, muchos países en Europa y América legalizaron el uso de la marihuana, además los enfrentamientos entre grupos criminales que controlaban el mercado ilícito dejo miles de desplazamientos forzados en localidades y comunidades en países como México, a partir de que se opto por la militarización de la seguridad pública y el combate frontal a organizaciones criminales. Eso dejo miles de fallecimientos y en las comunidades donde se sembraba marihuana, los pobladores se mantuvieron en línea de pobreza, asustados por la amplia presencia de efectivos militares, desplazados de sus comunidades de origen y apanicados por los sobrevuelos de helicópteros artillados. 

Fue hasta el mes de noviembre del año 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud con lo cual otorgó un amparo federal a cuatro personas para cultivas, poseer, transportar y consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos. A partir de esa resolución nada ha sido igual cuando se habla o se discute el tema de la marihuana en México, se han realizado varios foros en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión donde han participado ex funcionarios de Salud, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y consumidores de cannabis, como todo tema polémico existen posiciones a favor y en contra. 

El debate en torno al uso de la marihuana es la complejidad de su composición química y de ahí la idea que tienen muchas generaciones de consumidores en diversos países sobre sus propiedades medicinales o terapéuticas. De acuerdo con la ONU, en México el 2.1 por ciento de la población es consumidora de cannabis, mientras que en Israel es el 27 por ciento, en Estados Unidos es el 17 por ciento y en Canadá es el 14. 7 por ciento. 

La hierba contiene más de 500 compuestos químicos diferentes, más de sesenta cannabinoides (fitocannabinoides) de los cuales el Delta9-tetrahidrocannabinol (THC) es el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, el más abundante y al que se le asocian diversos usos médicos y terapéuticos. Eso es una parte de lo que se sabe sobre la propiedad de la marihuana, de ahí a que su siembra legal sirve o serviría para que las comunidades o las localidades indígenas salgan de la pobreza no existe evidencia. 

De lo único que existe evidencia es que las comunidades en línea de pobreza que se han dedicado por años a la siembra y cosecha de la marihuana viven en condiciones de desigualdad, atemorizados por la presencia militar, con suelos degradados, desapariciones forzadas y con familias desarticuladas. Comunidades de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas dedicadas a la siembra y cosecha de marihuana desde la década de los años ochenta y noventa siguen siendo pobres. 

Probablemente a lo que hizo alusión el presidente Esper Cárdenas es que en este año el Senado propuso que los campesinos en condiciones de pobreza cultivaran marihuana. La propuesta contempla el cultivo, la transformación, la comercialización, la importación y la exportación de la planta y sus derivados. Además, propone la creación del Instituto Mexicano de Cannabis, organismo visualizado para enero del año próximo y que sería regulado por el Estado para controlar el uso de la planta. Este instituto emitirá cuatro licencias para controlar actos relacionados con el cultivo, transformación, venta y exportación o importación de la marihuana y sus derivados. Dicho cultivo lo podrán realizar personas mayores de 18 años, se permitirán 28 gramos de gramaje para consumo personal y las empresas que quieran hacer investigación deberán tener como máximo 20 por ciento de capital extranjero. 

Esa es la propuesta legislativa, de ahí a que se haga realidad habrá que esperar condiciones y más debates parlamentarios, por lo pronto la idea del presidente Esper Cárdenas le servirá para mantener y acaparar portadas en diarios y redes sociales como una más de sus declaraciones propagandísticas de cara a las ansiedades electorales del 2021. 

 

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