Porfirio López

Dinero a partidos políticos

 

En días pasados el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el monto económico que recibirán los siete partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes para el próximo proceso electoral de 2021, que iniciará en septiembre de este año. De acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello titular del INE el presupuesto para el ejercicio 2021 será de 7, 226, 003, 636 millones de pesos.

Este año de acuerdo con la autoridad electoral, el dinero que irá a parar a las finanzas de los partidos políticos y las candidaturas independientes quedará distribuido de la siguiente manera: $5, 250, 952, 127 para sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; $1, 575, 285, 638 para gastos de campaña para partidos políticos nacionales; $31, 505,713 para gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes; $157,528,564 para actividades específicas; $210,038,090 para franquicia postal y $693,504 para franquicia telegráfica.

Según lo emitido por el INE la distribución total de ese monto millonario se realizará conforme se establezcan posibles candidaturas independientes y se otorgue registro a futuros partidos políticos que cumplan con los requisitos de ley para competir en el proceso electoral de 2021.

Como cada año el tema se centra en los millones de pesos otorgados y en la crisis de credibilidad y representación que atraviesa el sistema de partidos políticos mexicanos. En ese sentido, el dinero otorgado a los partidos políticos cada año causa controversia, siempre que se da a conocer la cifra millonaria saltan a la luz pública propuestas legislativas que han manifestado la intención de reducir el financiamiento público a las instituciones políticas, pero se queda ahí, en propuesta o en ardid de precampaña electoral, porque una reforma de ese tipo requiere reformas constitucionales que en la mayoría de los casos se queda en la congeladora legislativa o no conviene a los intereses electoreros de los partidos políticos, sobre todo los denominados partidos chiquitos o los que comúnmente siempre van en alianza (PT, PVEM, MC, PRD).

De ahí el enojo de cierto sector social que ven con resquemor que los partidos políticos existentes tengan acceso a dinero público y que su efectividad siempre este en entredicho debido a la gran cantidad de escándalos de corrupción, opacidad e impunidad que involucran a presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, congresistas federales, senadores y funcionarios federales que pertenecen a los diversos partidos políticos.

 Múltiples encuestas recientes y de antaño han mostrado como el sistema de partidos políticos que tenemos y los políticos mexicanos se quedan en el fondo de los indicadores cada que se realizan mediciones de cultura de legalidad, de transparencia, de rendición de cuentas o de gobernabilidad democrática. La percepción social hasta el día de hoy, es que la clase política y los partidos políticos son dos indicadores de corrupción, de malas prácticas, de impunidad y descrédito social.

Hoy la cifra de 7, 226, 003, 636 millones de pesos asignados a los partidos políticos representa para muchas familias mexicanas una falta de empatía, dados los tiempos de pandemia por el Covid 19, por la alta tasa de desempleo, por la inseguridad y criminalidad que se vive en diversos espacios locales, por la crisis de salud pública y por la recesión económica que ha dejado a miles de hogares sin acceso a satisfactores básicos.

Ahora que el INE pública de nueva cuenta el monto millonario asignado, todos se preguntan y cuestionan al árbitro electoral, pero lo que pocos saben es que la decisión del INE está respaldada en el artículo 41 constitucional, donde se determina que el dinero asignado a los partidos políticos se establece anualmente multiplicando el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral por el 65 % del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conocida por las siglas (UMA).

De ahí que el debate siempre es controversial y se centra en el dinero, pero el asunto es mucho más complejo que solo los millones de pesos entregados a los partidos políticos. El tema no es del INE, sino de los congresistas federales que representan a los partidos políticos, ellos si tienen la facultad de modificar la Constitución para que los partidos políticos se apeguen a normativas de transparencia y rendición de cuentas y que estos tengan la exigencia ciudadana de apegarse a lo que marcan sus documentos base. Para que quede claro, el INE hace lo que la Constitución le mandata y nada más.

Este año el partido en el gobierno federal Morena presentó una iniciativa para modificar las prerrogativas asignadas a los partidos políticos y que se cambiará el valor UMA. Dicha iniciativa no prosperó debido a la negativa de la oposición política y de los dos aliados de Morena en el Poder Legislativo. El PT y el PVEM que son siempre han sido partidos minoritarios y siempre se han aliado según su conveniencia electoral, votaron en contra y de nueva cuenta se postergó la reforma hasta la próxima legislatura.

El financiamiento público en México se inició con el fundamento de impedir la llegada de dinero sucio a los partidos políticos, el INE transitó hacia una fiscalización impecable, se instaló una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se fortaleció la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar desvío de recursos públicos y fondeos ilegales. Todo eso se hizo bien en los últimos veinte años, lo único que ha quedado mal es el comportamiento de los partidos políticos y de sus representantes legislativos. Estos últimos han tomado el tema de la reducción de dinero público como una bandera electoral y los partidos políticos -viejos y nuevos- no han cambiado su genética del viejo régimen: el clientelismo, el oportunismo electoral, el privilegio de la opacidad y la impunidad.

 

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