Porfirio López

¿El ejército debe regresar a los cuarteles?

A una década del inicio de la operación conjunta denominada Michoacán, el general secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos se atrevió a desafiar el ordenamiento de su comandante en jefe y lo puso claro: el ejército no se educó para andar matando personas, ni son policías. Al día de hoy existe desplazamiento de fuerzas militares en veinticuatro entidades federativas haciendo patrullajes que deberían estar en manos de policías preventivos.

El general secretario lo dice con razón porque después de diez años la realidad en torno a la seguridad pública es compleja por decir lo menos. La mayoría de las vías carreteras de las entidades federativas están siendo patrulladas por efectivos del Ejército y de la Marina, los mandos de Seguridad Pública están repletos de militares o marinos en activo o retirados, las áreas de comandancia de policía local están ocupadas por mandos castrenses y esto es así porque los militares y marinos son la única manera de procurar seguridad social. Esto en un país que se presume democrático es una verdadera tragedia institucional.

El general secretario Cienfuegos puso el dedo en la llaga y aseveró que los militares deben regresar a los cuarteles porque no fueron educados para detener narcotraficantes ni andar armados patrullando las calles de las ciudades porque las policías no han realizado su trabajo, mucho menos los militares deben estar expuestos a las cuernos de chivo y calibres pesados de células criminales.

Si eso fuera y si el ejército tuviera esa capacidad muchos de los enfrentamientos que han sostenido los militares y los efectivos de la Marina hubieran elevado la cifra de muertos civiles, sean estos integrantes de células criminales o presuntos culpables. Pero las fuerzas armadas han sido prudentes y no han convertido las calles de muchas ciudades en una carnicería.

Lo que sí ha sucedido es que como es habitual con cualquier ejército del mundo, al no estar entrenados para la prevención del delito, ni para actuar como policías preventivos, ni como policías ministeriales, los efectivos de la Defensa Nacional y de la Marina han sido acusados de violación de derechos humanos y en muchas ocasiones han incurrido en excesos al momento de efectuar incursiones en conjuntos habitacionales y en comunidades de diversas regiones del país.

El general Cienfuegos fue preciso en sus apuntes, para él si los militares están en las calles de muchas entidades federativas no es porque así lo hubieran elegido, sino porque los gobernadores y sus cuerpos de policías estatales y locales no han tenido la capacidad de brindar seguridad pública a los ciudadanos.

De manera paralela a la presencia de militares en las calles también creció el número de franquicias del crimen organizado, aparecieron nuevos capos del narcotráfico, aumento el número de enfrentamientos en calles y avenidas, aparecieron nuevos cárteles de la droga en entidades pobres como el caso de Michoacán y Guerrero, se elevó el número de actividades ilícitas derivadas de las ganancias ilegales entre las cuales se cuentan: la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el robo de combustible, se incrementó el narcomenudeo en zonas metropolitanas y ciudades medias, se elevó la cifra de fallecidos en enfrentamientos armados, aumento de grupos de autodefensa, hubo un alza en la venta ilegal de armas, en muchas ciudades, comunidades o ejidos se incrementaron las marchas para que los militares se retiraran o para que dejaran en libertad a presuntos delincuentes.

Todos estos eventos acumulados durante una década fueron para el Ejército y la Marina un espiral de efectos negativos que en ocasiones llegaba a extremos del ridículo como la incursión a la casa donde se escondía el narcotraficante Joaquín Guzmán. Por ejemplo luego de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se acusó a los militares de haber participado en ese evento y luego del enfrentamiento armado en Tlatlaya en el Estado de México los militares fueron acusados de ejecuciones extrajudiciales.

Si hoy los militares se retiraran a sus cuarteles el problema de la violencia criminal en lugar de bajar subiría sus índices debido a la fragilidad y corrupción anidada en las fuerzas policiales estatales y locales. A pesar de esfuerzos aislados y poner en marcha modelos como Fuerza Civil, Seguridad Ciudadana o Mando Único ello no es garantía para que los militares dejen las tareas de patrullar ciudades. Por el momento y tal como están las condiciones de seguridad en las veinticuatro entidades que hoy patrullan los militares y marinos no hay condiciones, ni se puede presumir que en un corto plazo estos puedan retornar a sus cuarteles, de donde los sacaron sin que hubiere reglamentaciones constitucionales, ni marco jurídico para hacerlo.

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