El gobierno argentino reiteró ayer a Daniel Pollack, mediador en la negociación para el pago de deuda a fondos especulativos (fondos buitre), que considera imposible cumplir con una sentencia de una Corte de Estados Unidos de pagar mil 500 millones de dólares a los bonistas impagos de su deuda, y pidió una suspensión de la medida para evitar un “default técnico” (quiebra) con sus otros acreedores. Así lo planteó el titular de Economía argentino, Axel Kicillof, en el primer encuentro cara a cara con el mediador designado para buscar una salida entre Argentina y los litigantes estadunidenses. “Se dejó en claro que la sentencia de Griesa, tal cual se interpreta, sería de imposible cumplimiento”, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado. Añadió que “reponer el stay (suspensión de la medida) sería necesario, ya que el caso involucra no solo a los litigantes, sino que también se podría extender a todos aquellos bonos que no ingresaron a los canjes; y que obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010”. La nota señala, asimismo, que Argentina reitera “su voluntad de seguir dialogando” para “contemplar los intereses del 100 por ciento de los bonistas”. El fallo del juez Griesa fue ratificado en segunda instancia y su plazo de gracia vence el 30 de julio. Kicillof expuso la posición de Argentina y detalló “el origen de los títulos de deuda en discusión (megacanje), las causas del default (quiebra) de 2001 y las numerosas y efectivas medidas que se tomaron desde 2003 a la fecha para normalizar las relaciones financieras internacionales del país”. Previo a la reunión, el gobierno argentino publicó un aviso legal para los tenedores de bonos de Estados Unidos, Inglaterra y Gales notificando el cumplimiento “en tiempo y forma” del pago del vencimiento de intereses. El jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, explicó que el aviso busca que quede clara la voluntad de pago del país y así “evitar maniobras de cualquier agente” externo. Capitanich añadió que Griesa “se excedió en el uso de sus atribuciones” al anular el pago que Argentina debía realizar el 30 de junio por 900 millones de dólares a los tenedores de bonos reestructurados en canjes de deuda en 2005 y 2010. Mientras, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó una declaración de apoyo a Argentina. “Los bonos especulativos promovieron la crisis sistémica en la economía mundial en 2008, a partir de la del subprime (préstamos de alto riesgo) en EU y ahora quieren poner a la Argentina de rodillas”, dice el Parlasur, “con la anuencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, para sacar hasta la última gota de sangre de su economía y del esfuerzo nacional para la producción de bienes y servicios necesarios para la vida de los argentinos”. El Parlasur se reunión en Montevideo y la declaración fue aprobada por los legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. También se propuso un debate mundial sobre las deudas externas soberanas, a raíz del caso de los fondos buitre. Una declaración que se suma a otras similares emitidas en estos días por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco del Sur, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y el Parlamento Andino. Entretelones -Los bonistas reestructurados, que aceptaron una fuerte quita de capital, equivalen a 92% del total de acreedores de la deuda argentina. El gobierno de Cristina Fernández afirma que una cláusula firmada por el país en ambos canjes de deuda le impide ofrecer mejores condiciones a los inversores que en su momento no aceptaron la propuesta. -La estrategia de Argentina apunta a extender negociaciones con los litigantes comandados por NML Capital Ltd, del multimillonario neoyorquino Paul Singer, hasta diciembre que expire la cláusula de los dos canjes de deuda, y acordar con los fondos buitre sin riesgo de nuevas demandas.
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