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La Editorial RV 19 Febrero

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Pueden estar en desacuerdo con la “Marcha por la Democracia”, asumir que fue intrascendente, pero es su derecho democrático expresarse en paz, como lo hicieron y lo volverán a hacer

La “Marcha por la Democracia” que se replicó en 115 ciudades del país y que en el Zócalo de la Ciudad de México tuvo una asistencia multitudinaria, misma que se trató de minimizar por autoridades de la Ciudad de México, actualmente encabezadas por Martí Batres, pues dijo que a lo mucho llegaron 90 mil personas, por otro lado, organizadores reportan 700 mil.

Aunque la cifra cercana al millón de personas es un poco exagerada, ya que ejercicios que ha realizado especialistas en la materia, estiman que para ello, se tendría que haber abarrotado no solo el Zócalo, también todas las calles aledañas y Reforma desde Bellas Artes al Auditorio Nacional, sin embargo, sí fue mucho superior a los estimados por Batres.

Lo notable fue el impacto mediático, el tema marcha ha dominado las conversaciones en las redes sociales, además ocupó las primeras planas de casi todos los medios impresos del país, lo que no ocurrió con el registro de Claudia Sheinbaum como candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” ante el INE.

Con respecto al objetivo de la marcha se podría decir que la oposición y la sociedad civil que simpatiza con su proyecto lograron lo que querían, esto es demostrar que existe un importante número de personas que no quieren que permanezcan en el poder los integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

Es su derecho democrático expresarse en paz, como lo hicieron y lo volverán a hacer. Durante décadas, hemos luchado por un México en el que todas y todos podamos sostener nuestras ideas sin ser reprimidos.

 

 

El reciente decreto administrativo que eleva a la categoría de municipio al Saucito, en medio de los festejos patronales, refleja el compromiso de la administración con el reconocimiento y valoración de la historia local

En un paso significativo hacia la conservación y promoción de la riqueza cultural y arquitectónica de la ciudad, con la conformación del octavo barrio, es decir, el del Saucito, una lucha que ya tenía casi tres décadas de historia.

El ayuntamiento capitalino ha anunciado la creación de un fideicomiso destinado a canalizar recursos para los ocho barrios tradicionales que han sido testigos del devenir histórico de nuestra comunidad.

El alcalde Enrique Galindo, al explicar la iniciativa, señaló que la Tesorería Municipal liderará la creación de este instrumento financiero. Su objetivo será captar tanto recursos públicos como privados, con el fin de llevar a cabo tareas fundamentales para la preservación y desarrollo de estos asentamientos emblemáticos.

Entre las labores destacan la conservación arquitectónica, la preservación de la identidad cultural, el mantenimiento de infraestructuras y la ejecución de proyectos que enriquezcan y protejan la esencia de estos barrios.

Aunque no se precisó el monto exacto del financiamiento público que contendrá el fideicomiso, Galindo resaltó la importancia de esta herramienta para garantizar la sostenibilidad de los proyectos destinados a los barrios tradicionales.

Este mecanismo no solo asegura un respaldo financiero constante, sino que también abre la puerta a la participación activa del sector privado en la preservación de nuestro patrimonio.

 

 

“La decisión ya está tomada”, Sonia Mendoza aclara que la candidatura a presidencia municipal de SLP es para ella, responde a los señalamientos de Leonel Serrato

En el marco de un periodo intenso de precampañas, Sonia Mendoza ha emergido como la candidata del Partido Verde Ecologista de México para competir por la alcaldía de San Luis Potosí en las elecciones de 2024. El Comité Nacional del Partido Verde la ha respaldado, consolidando así su posición como representante de la coalición conformada por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena.

La confirmación de su candidatura se basa en el acuerdo de coalición y el reparto de siglas entre los partidos involucrados. Sonia Mendoza se posiciona como la figura unificadora de esta alianza política, confirmando la solidez del compromiso entre las fuerzas que la respaldan.

A pesar de la seguridad de Mendoza en que su designación no generará tensiones con los miembros del Partido del Trabajo, la comunicación estrecha con los liderazgos de Morena se vuelve crucial. En este sentido, la candidata se muestra optimista, recordando el respaldo previamente expresado por algunos líderes de Morena en caso de que ella fuera la elegida.

Pero la figura de Leonel Serrato, quien había manifestado su interés en participar como candidato, toma relevancia en este escenario. Pues él no se ha bajado de la misma y asegura seguir en la competencia.

Mendoza, ante las especulaciones, subraya que la decisión ya está tomada, mostrando disposición para dialogar con Serrato. Reconoce su experiencia política y busca una reconciliación que fortalezca la coalición.

Aunque la posibilidad de disolver la coalición persiste hasta el registro oficial y formal, Mendoza proyecta confianza en su continuidad. Estaremos atentos.

 

 

Esfuerzo conjunto permitirá encontrar soluciones inmediatas para el bienestar de la comunidad que depende del Hospital Central

En el escenario actual, donde las tensiones entre las autoridades y los trabajadores del Hospital Central amenazan con un paro de labores, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría destaca la necesidad imperante de resolver el conflicto a través del diálogo, respaldado por las autoridades federales y estatales.

La preocupación central recae en evitar que los usuarios, provenientes no solo de la capital estatal sino también de entidades vecinas, se vean afectados por la posible interrupción de servicios médicos.

Estos exigen la regularización de sus salarios y la garantía de suministro de medicamentos e insumos básicos para brindar atención a los pacientes, una demanda justificada en el contexto de la atención sanitaria.

Cepeda Echavarría confía en que las autoridades, a nivel federal y estatal, puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para cumplir con las obligaciones pendientes y evitar el paro de labores. La diputada enfatiza la importancia de priorizar el diálogo responsable, subrayando que el tema de la salud debe ser una prioridad en todos los sentidos.

Ya que el Hospital «Ignacio Morones Prieto» presta servicios esenciales a un gran número de personas. Un posible paro de labores tendría consecuencias severas en la prestación de servicios médicos, afectando directamente a los usuarios que buscan atención.

En conclusión, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría aboga por la continuidad del diálogo entre autoridades y trabajadores, destacando la importancia de salvaguardar la salud pública y asegurando que el esfuerzo conjunto permitirá encontrar soluciones inmediatas para el bienestar de la comunidad que depende del Hospital Central.

 

 

 

Desestima SCJN impugnación a retraso electoral: la decisión refuerza la idea de que los estados tienen margen para establecer sus propias reglas, siempre y cuando respeten los principios constitucionales fundamentales

Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) sobre el retraso en el proceso electoral local en San Luis Potosí ha generado diversas reflexiones.

En la sesión del Pleno de este 19 de febrero, la SCJN dictaminó la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad considerándolos infundados.

Uno de los puntos clave de la impugnación fue la supuesta falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, argumentando ajustes en los plazos de registros y fechas del proceso electoral.

La SCJN determinó que la reforma se enfocaba en la regulación temporal y no establecía prerrogativas específicas para dichas comunidades, desechando este argumento.

Otro reclamo destacado fue la ausencia de la figura del parlamento abierto, considerado por los partidos como esencial para tutelar el acceso a la información y la participación ciudadana. La SCJN señaló que la inexistencia de obligación legal para implementar este mecanismo no infringía las reglas del procedimiento legislativo.

En cuanto al tercer argumento sobre la falta de estudio de impacto presupuestal, la SCJN argumentó que las normas reformadas no afectaban regulaciones presupuestarias. Aunque la reforma buscara reducir gastos en el proceso electoral, se determinó que no tenía efectos presupuestarios significativos.

Finalmente, se planteó la preocupación por la certeza electoral, argumentando que la reforma afectaba los actos preparatorios. Sin embargo, los ministros subrayaron la facultad de los estados para regular libremente las fechas y etapas de sus procesos electorales, respaldando la autonomía estatal en este sentido.

En este contexto, la decisión de la SCJN no solo cierra el debate legal en torno al proceso electoral en San Luis Potosí, sino que también subraya la relevancia de abordar estas cuestiones desde un enfoque contextualizado y respetuoso de la autonomía estatal en materia electoral.