Inicio Editorial LA EDITORIAL #RV 28 agosto 2017

LA EDITORIAL #RV 28 agosto 2017

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En la imagen se aprecia la especie de compuerta que desvía el agua contaminada.
Manuel Téllez Bugarín, le mostramos lo que él no pudo encontrar.

Tal exhibida fue la que la asociación Huasteca Anónima dio al Ingenio Alianza Popular en Tambaca, municipio de Tamasopo y el proteccionismo claro de la Conagua en torno a la contaminación del Río Gallinas, lo que se muestra a través de un video que proporcionó en exclusiva a Regionvalles.

Usted recordará que a mediados de junio fue cuando se presentó la mortandad de peces en ese afluente, cuyos estudios -eternos- por la Conagua que dirige en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín, dieron como respuesta inicial, que se trató del bajo nivel del río, pues eso les provocó a los peces la falta de oxígeno (argumento de siempre). Pero cuando habitantes del ejido el Jabalí en Aquismón también protestaron por las enfermedades que el agua les estaba causando, entonces Téllez Bugarín volvió a salir, y esta vez para decir que sí había contaminación pero que quién sabe de dónde provenía, pues todo el personal que dispusieron para hacer las investigaciones no pudo dar con el responsable.

Bien, ahora a través de un video con fecha del 23 de agosto de este año, que facilitó una ONG y publicado en RV, le mostramos a la Conagua, lo que ellos no pudieron encontrar. A ver si ahora sí se toman cartas en el asunto.

 

Negociazo en el Hospital General.

Al parecer negocio redondo es el que están haciendo médicos en el Hospital General de Ciudad Valles, pues resulta que prácticamente coaccionan a los pacientes a que compren medicamentos y hasta el material curativo con “ciertos” proveedores, a fin de poderlos atender, de lo contrario tienen que esperar -literalmente- hasta tres meses en casos de fractura.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tiene en su lista de quejas, siete en contra del nosocomio, presentadas por derechohabientes que llegan con alguna fractura, y han tenido que esperar hasta 90 días para ser atendidos, bajo el argumento que en el Hospital no cuentan con el material (ni siquiera) quirúrgico para una intervención.

Se supone que por Ley, cuando una institución médica del sector público no cuenta con el recurso material ni humano, está obligado a subsidiar el gasto que el paciente haga para su atención médica; en ese sentido, la Secretaría de Salud tiene convenios vigentes con dos instituciones particulares, a donde comúnmente refieren a los pacientes con casos de emergencia, lo que se hace a través de todo un proceso burocrático propio de las instituciones públicas. El asunto aquí es, que eso no ha sucedido con los fracturados que ya interpusieron quejas, y aun cuando sí los canalizan, no es precisamente a las clínicas con las que tienen convenio, sino mas bien con proveedores de medicamentos y otros insumos, que el paciente no está obligado a adquirir y menos a pagar para beneficio no solo propio sino del hospital.

Lo más grave es, que dentro de las investigaciones que inició la CEDH, al consultar ante el Seguro Popular el motivo por el cual no estaban proveyendo de medicamentos al Hospital, los encargados del programa aseguraron que simplemente es porque no se los han solicitado.

Además de que la Comisión de Derechos Humanos pidió el apoyo al Colegio de Profesión de la Medicina para que a través de peritos se señalen las consecuencias de no atender a tiempo a pacientes con fracturas -lo que sin duda puede acarrear responsabilidades de tipo penal- con estos casos de arbitrariedad y negligencia, la Secretaría de Salud deberá de prescindir de los “servicios” de más de un médico, y por cuenta propia iniciar procesos jurídicos.

Se manifiestan por la falta de atención en el Hospital General de Ciudad Valles

 

Eliseo Moreno, Tesorero Municipal.

Difícil situación la que enfrenta el Ayuntamiento de Ciudad Valles, pues de por sí, con lo recortes presupuestales deben hacer malabares para tener mas o menos a salvo las arcas; pero resulta, que tuvo desde junio pasado el embargo de la cuenta de ingresos por concepto de parquímetros, derivado de un laudo que emanó de la administración de Socorro Herrera Otra.

El tesorero del Ayuntamiento, Eliseo Moreno se refiere al embargo como “cuenta congelada”, que no es más que lo mismo, pero con intenciones de postergar lo impostergable, porque para destrabar esa cuenta, el Gobierno Municipal debe pagar al extrabajador que demandó y con resultados a favor.

Una vez más, el recurso público se ve afectado, por la mala defensa jurídica en los gobiernos municipales (lo que pareciera ya es tradición) pero con daños colaterales, porque ese dinero servía para apoyo de 11 asociaciones civiles en Valles, tales como Bomberos, Cruz Roja, Sé Mi Guía, Asilo de Ancianos, entre otros.

Eliseo Moreno, en aprietos las finanzas con embargo

 

“Un dineral” se va en unidades blindadas para exfuncionarios.

En San Luís Potosí y en gran parte del País, es una práctica común, que a los exgobernadores y exalcaldes se les provea de unidades y personal para su seguridad y la de sus familias; incluso, los guaruras que traen son elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE); así es que, no es posible que los funcionarios públicos aseguren que la seguridad en San Luís Potosí está garantizada, cuando derrochan recurso humano y económico en su seguridad y la de sus familias, para lo cual les disponen hasta de cinco vehículos blindados.

A los exgobernadores de Tamaulipas les quitaron recientemente los vehículos blindados que les fueron asignados al igual a que a sus familias, y que fueron adquiridos con recursos públicos desde las pasadas administraciones. Tan sólo al priista Eugenio Hernández Flores, le quitaron cinco unidades blindadas y un remolque, de los que no se dio detalle, y a su antecesor, Egidio Torre Cantú otras cinco, cuyo costo por cada una oscila entre los 487 mil y 742 mil pesos.

La incautación de unidades que se dio a los exfuncionarios de Tamaulipas también debería darse en el Estado potosino, incluyendo a los elementos policiacos que se han dispuesto para la seguridad personal de los exmandatarios. A la fecha, alrededor de 100 policías de la SSPE están sirviendo a exfuncionarios y sus familias, tal es el caso del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández y su -aún- esposa María Luisa Ramos Segura; pero como ellos, existen muchos más; mientras que las corporaciones policiacas sufren del déficit de elementos.

Ante una seguridad privativa y privilegiada que se vive en el Estado, es necesario que el Congreso -al menos local- retome la iniciativa presentada desde el año pasado por el diputado Manuel Barrera Guillén, para que en cuestión de seguridad personal a funcionarios públicos, únicamente se le otorgue al gobernador, al secretario general de Gobernación y al secretario de Seguridad Pública. Y es que nadie de ellos terminando su gestión tiene porqué traer escoltas, o ¿será por miedo?.

 

La cuarta parte de los internos en “La Pila” en condiciones para obtener libertad.

Ahora resulta que por la incompetencia de nuestra procuración de “injusticia”, más de la cuarta parte de los presos en el Centro de Reclusión “La Pila” están en condiciones de quedar libres por la violación a sus derechos humanos.

En “La Pila” se contabiliza un total de mil 500 personas recluidas, de estas 375 están bajo el estatus de “prisión preventiva”, pero mezclados con la población general, a lo que se le suma un exceso en el periodo del estatus (prisión preventiva), la falta de medidas precautorias que deben estipular los jueces; además de las condiciones infrahumanas que enfrentan como personas al interior del penal, principalmente por el hacinamiento.

La Suprema Corte de Justicia, es la que establece que por ningún motivo se puede dar el mismo trato a las personas en prisión preventiva y mucho menos mezclarlas con el resto de la población.

Es a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se pudiera abrir -de manera oficial- otra cloaca, y que sumaría una rayita más el tigre, porque son asociaciones civiles las que han están externando una visión que todo mundo tiene respecto a la serie de violaciones e inconsistencias al interior de los penales, incluyendo los procesos irregulares que envían a cientos de personas cada año a estas escuelas de la delincuencia, propio también por la falta de control y garantías para hacerlos verdaderos sitios de readaptación.

 

Martín Juárez Córdova, respalda a RSF.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) abrió sus puertas a uno de los mejores políticos posicionados en Tamazunchale para ocupar la Presidencia Municipal, Rodrigo Sánchez Flores, además de ser empresario, tiene un gran sentido para la labor altruista y, es joven.

Esta mañana Sánchez Flores, estuvo en el Comité Directivo Estatal del PRI donde fue recibido por el presidente y la secretaria del partido, Martín Juárez Córdoba y Rosario Sánchez, con quienes tuvo una larga plática.

El «Chillido» Serrano y Rodrigo Sánchez Flores.

Hay que recordar que dentro de las obligaciones partidistas en cuestión de paridad, se debe otorgar una candidatura a un joven por cada tres aspirantes; es decir, de los 58 municipios en el Estado, 19 alcaldías tendrán que ser ocupadas por jóvenes (aquí entra Rodrigo). De las 15 diputaciones locales, cinco serán para jóvenes, y al menos dos en el Congreso de la Unión de las siete perfiladas.

Definitivamente, el joven empresario y político esta cobrando fuerza, pues a donde va, es bien recibido por el priísmo. Su reunión se extendió con el secretario general de la CROC, Anastacio Silva, y con Gerardo Serrano Gudiño, dirigente estatal de la Red Jóvenes por México.

 

Guillermina Morquecho Pazzi, “incentiva” a educandos con bombones.

Y ya que andamos por los rumbos de Tamazunchale, la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, (antagónica de Rodrigo Sánchez, junto a Baldermar Orta)  en San Martín Chalchicuautla, decepcionó los alumnos del Cobach 27, dado a que como su madrina de generación, les llevó de regalo bombones, no se fuera a quedar pobre.

Mas que una burla fue un insulto para los cobacheros, que mínimo esperaban un memoria USB, sobre todo porque las percepciones de los legisladores son bastante jugosas, y mas aun cuando tanto cacaraquean ese “fuerte impulso” a la educación.

Pues así las cosas, para la Diputada, dotar de carbohidratos a la juventud de ahora es una manera de incentivarlos, ¿y así quiere gobernar Tamazunchale? ¿a bombones?… ¡que caray!

 


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