Porfirio López

La otra crisis, la de la justicia

Recientemente el think tank de políticas públicas México Evalúa publicó la octava edición del Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal, los resultados no son positivos o alentadores para pensar en una Fiscalía General de la República o en fiscalías estatales autónomas. El país tiene una alta percepción de corrupción e impunidad, la cifra de homicidios dolosos sigue creciendo sexenio a sexenio, las posibilidades de fincar un debido proceso y dictar sentencia a un probable delincuente son escasas, la reparación del daño a víctimas y el cambio de Procuraduría a Fiscalía tanto a nivel federal como estatal no ha producido resultados positivos en la aplicación cotidiana de la ley.

Los datos arrojados en la última edición indican el tamaño de la crisis del Sistema de Justicia Penal que tenemos y que vamos a tener en los próximos años sino se corrige el rumbo en esa materia. La cifra negra de delitos en el año 2020 fue de 27.6 millones, un incremento de 92.4 por ciento a 93.3 por ciento. Para el año 2020 hubo 36,579 homicidios, 29 por cada cien mil y esa cifra permanece sin variación desde el año 2018. En el caso de las mujeres se registraron en 2020 un total de 3874 homicidios.

El número de víctimas en 2020 fue de 21.2 millones de personas, ello quiere decir que hubo 20.1 millones de hogares con al menos una víctima de algún delito. A propósito de hogares el estudio refleja que la violencia familiar se incrementó 5 por ciento y los delitos de violencia de género aumentaron 27 por ciento.

A pesar de todos los discursos oficiales la justicia cotidiana no se refleja en millones de familias que han clamado ayuda por sus consanguíneos desaparecidos, en ese rubro el estudio refleja una cantidad de 92, 585 personas desaparecidas, de esa cifra 20,056 personas desaparecidas corresponden al año 2020 y se reportaron 559 fosas clandestinas en entidades como Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas.

Algo que es vox populi desde hace muchas décadas en el país es la confianza o desconfianza en la aplicación y procuración de justicia en México, a pesar de las últimas reformas en la materia persiste la idea de que, si tienes recursos o allegados al ministerio público o a un tribunal una demanda o una sentencia puede prosperar, en caso contrario el expediente se puede extraviar o archivar. En ese rubro el estudio de México Evalúa indica que existe una desconfianza en el sistema de justicia, 33.9 por ciento no denuncia porque considera es una pérdida de tiempo y 14.2 por ciento por desconfianza a la autoridad.

Un asunto importante es la asignación de presupuesto para el buen funcionamiento del sistema de justicia penal, se pensaba o se tenía la expectativa que con la llegada del nuevo gobierno en 2018 la situación iba a cambiar, sobre todo porque la bandera del hoy presidente López Obrador es el combate a la corrupción, la prioridad enfocada en los pobres y un persistente discurso de aplicación de la ley. Sin embargo, la realidad es otra las instancias que representan a víctimas e imputados tienen escaso presupuesto, las defensorías sociales reciben solo el 2 por ciento del presupuesto lo cual se traduce en 3,994,185,995.57 pesos y las comisiones de atención a víctimas están peor solo reciben el 1 por ciento, un total de 1, 269, 819,785.77 pesos. Las defensorías solo reciben 8 centavos por cada peso que reciben las fiscalías y las comisiones de atención a víctimas reciben 32 centavos por cada peso que reciben las defensorías. Con esos recursos limitados la procuración de justicia cotidiana se queda solo en aspiración y esperanza.

En el marco de la prevención del delito y de la contención de la violencia criminal se presentó la Guardia Nacional, a pesar de la intención de colocar 500 cuarteles de Guardia Nacional -que no es otra cosa que militares en función de policías- la delincuencia no ha cedido y la procuración de justicia no ha sido ni pronta, ni expedita como se han pronunciado en muchas ocasiones las fiscalías estatales. En un país donde existe desconfianza la autoridad, donde todos los días asesinan y violentan a mujeres, donde no existe presupuesto para aplicación de la justicia y donde se tiene una alta tasa de congestión ministerial y judicial el panorama no es alentador.

En ese tenor, el promedio nacional de agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes es bajo existen solo 3.9, el promedio nacional de fiscales o agentes del MP por cada cien mil habitantes es de 11, para rematar existen solo 9.7 peritos por cada cien mil habitantes en este país y el personal de los servicios periciales solo concluye el 4 por ciento de las solicitudes recibidas.

Dados los hallazgos y el comportamiento de las autoridades encargadas de procurar justicia en el país, el escenario de procuración de justicia en México no es positivo. Lo que vamos a seguir teniendo -a pesar de las constantes conferencias mañaneras presidenciales y del nombramiento de fiscales a nivel federal y estatal- será un cúmulo de detenciones ilegales, imposibilidad para acceder a investigaciones, limitación para esclarecer la verdad, desigualdad en el acceso a la justicia, aumento de la opacidad policial ministerial y el mantenimiento de la corrupción e impunidad.

 

 

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