Señala diputado que 6 de cada 10 funcionarios o ex funcionarios municipales deberían ser sancionados por las Contralorías de los Ayuntamientos. El Diputado, Alfonso Díaz de León Guillén propone establecer las medidas financieras, legales y operativas necesarias que apoyen y garanticen la independencia de la Contraloría Municipal. Señaló que de acuerdo con los informes finales de auditoría correspondientes al período enero a septiembre de 2012, los Ayuntamientos del Estado tuvieron ingresos por un monto de 6,500 millones de pesos de los cuales les fueron observados 995 millones de pesos. Es decir, casi mil millones de pesos que equivalen a poco más de tres veces el presupuesto de todo un año de Ciudad Valles; que equivalen a casi 10 veces el presupuesto de todo un año de Rioverde; o a poco más de 76 veces el presupuesto anual de Villa de la Paz. “El propósito de mostrar estos indicadores, es dimensionar el daño y la pérdida de oportunidades en las acciones de mejora que los Ayuntamientos pudieran realizar si existiesen mejores mecanismos de seguimiento y control de los recursos públicos”, puntualizó. Adicionalmente a lo anterior, informó que en el período de 2006 a 2010, y como resultado de la fiscalización a las Cuentas Públicas, la Auditoria Superior del Estado generó 307 procesos de sanción de las cuáles, de acuerdo con la resolución emitida 185 recayeron en el ámbito de competencia de las Contralorías Municipales.“Es decir, 6 de cada 10 funcionarios o ex funcionarios municipales deberían ser sancionados por las Contralorías de los Ayuntamientos, con el resultado que se es claramente percibido por la sociedad: inacción lo que genera esa sensación de impunidad”. Por tal motivo, el legislador dijo que se debe replantear el rol o papel que tienen las Contralorías Municipales a efecto de mejorar sus acciones de control preventivo, concurrente y correctivo y con esto que se disminuyan los montos de los recursos observados y que se sancione de manera firme a los funcionarios o ex funcionarios municipales que tengan o hayan tenido un desempeño incorrecto en el uso de los recursos públicos de manera que se inhiban prácticas que tiendan hacia acciones de corrupción. La iniciativa que presentó es para reformar los artículos 19, 31 fracción II, 70 fracción V, 78 fracción IX, 85, 85 BIS y artículo 86 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
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