San Luis Potosí se colocó como una ciudad pionera en el país en el tratamiento adecuado y normativo de menores infractores, esto luego que en la pasada sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Gobernación para abrogar el Bando de Policía y Gobierno en dicho tema.
El regidor Luis Gerardo Aldaco Ortega, impulsor de dicha iniciativa, expuso la importancia de esta aprobación, ya que una responsabilidad eminente y exclusiva del Gobierno Municipal, es establecer condiciones que aseguren el orden y la sana convivencia entre sus habitantes.
Informó que en primera instancia se propuso adecuar el Bando actual para que contara con reglas y procedimientos especiales aplicables a menores infractores, “luego de efectuar análisis con opiniones de expertos en el tema, se determinó replantear en su totalidad el Bando para dotarlo de una estructura ordenada y clara como lo exige la técnica legislativa”.
Algunos de los conceptos agregados y que surtirán efecto tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, es la integración de los principios generales del uso de la fuerza, se definen las funciones, facultades y obligaciones de jueces calificadores, se determinan las condiciones que deberán cumplirse para la disposición de menores y su canalización a diversas instituciones.
Además de contemplar las medidas como la amonestación y la no infracción, establece la figura de Recomendación, y se establecen con mayor claridad las cantidades de las multas y horas de arresto impuestas.
“El objetivo en todo momento fue dotar de herramientas normativas y con apego a la ley para que las autoridades den el tratamiento adecuado a menores”.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal da muestra del interés que tiene de trabajar por un mejor San Luis, y crear las condiciones necesarias para que los jóvenes no incurran en la comisión de algún delito, y en el caso de los que lo han hecho, darles las oportunidades necesarias. Sin duda, esta acción pone a la sociedad potosina a la vanguardia en temas de respeto a los derechos humanos de los menores.
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