Porfirio López

Ya ganaron, ahora de la promesa a ser y hacer gobierno

Ya pasaron las elecciones, ya se obtuvieron ganadores y perdedores del proceso electoral del pasado domingo seis de junio. Una vez celebradas las elecciones, contados los votos por los ciudadanos, realizadas las verbenas populares de agradecimiento y entregadas las constancias de mayoría viene lo más difícil para quienes resultaron electos. En el plano de la gubernatura y de los municipios formar gobierno y en la parte legislativa saber de qué se trata el quehacer legislativo.

Gobernar y saber legislar son dos temas que han estado en discusión en los últimos años, prácticamente desde 1997 cuando el otrora partido hegemónico denominado PRI perdió la mayoría legislativa y gradualmente fue perdiendo apoyo electoral en las entidades y municipios. Hoy estamos en otra realidad política, en los últimos tramos de gobierno estatal y local se hace énfasis en la labor de gobernar bien bajo principios de rendición de cuentas y transparencia en una óptica de gobierno abierto, de inclusión y participación ciudadana para generar mecanismos de presupuesto participativo.

Eso ha sido al menos el discurso de los últimos años, al margen de esos elementos que toda administración pública estatal y local ha venido incorporando de manera incesante en mayor o menor medida, aparecieron nuevos problemas públicos: la movilidad urbana, la capacidad institucional para procurar empleo remunerado, la atracción de la inversión, el reordenamiento urbano, la criminalidad y la seguridad pública. Todo ello ha producido una complejidad al momento de gobernar y de legislar.

Ha quedado claro para muchos electores y ciudadanos que existe una gran diferencia entre decir bravuconadas en campaña electoral y hacer promesas en las colonias y cumplir lo que se dice o se asegura que se va a hacer una vez que se llegue al puesto público. Existen muchas historias recientes de las deudas que dejan los gobiernos estatales y los municipales. En la reciente campaña se prometieron muchas cosas gratuitas y legislar con transparencia, veremos si ello es realidad.

En ese sentido cobra relevancia quienes van a integrar los organismos públicos que movilizan a toda una administración pública estatal y local y de forma paralela como entienden el trabajo legislativo los candidatos que ganaron un puesto en el Congreso de la Unión y en el Congreso estatal. Sobra decir que los últimos legisladores locales y federales que se han tenido no han brillado por su talento oratorio cuando se suben a la tribuna, ni por sus propuestas legislativas, mucho menos ha sido inteligentes para llevar a la realidad sus promesas de campaña.

En el caso de la administración pública local la situación ha sido similar, llega un presidente al gobierno, se integra el cabildo de forma plural con regidores que la mayoría de la ciudadanía desconoce y que con el correr de los tres años se vuelven imperceptibles. Tradicionalmente el presidente municipal forma su estructura gubernamental donde va colocando a sus compañeros más leales que anduvieron con él en la campaña política y que puede remover a su antojo.

En la construcción del andamiaje gubernamental estatal pasa algo similar el candidato triunfador de la elección forma y decide quien ocupará los principales cargos públicos en su gobierno, al igual que en lo local, lo clásico es que se integren a los espacios de decisión pública sus más cercanos colaboradores de la campaña, sin que medie un mecanismo de profesionalización.

En los dos casos -en el formación y construcción de gobierno estatal y local- pasa exactamente lo mismo, se ocupan los cargos con los amigos del candidato triunfador. No existe un atisbo de profesionalizar lo público, de hacer una selección de perfiles para el puesto público, no hay un intento de hacer una evaluación profesional para designar a un futuro servidor público y no existen mecanismos de medición de capacidades para llegar al puesto. El único que mide y sanciona eso es en el caso del poder estatal el gobernador y en el caso local el presidente municipal. Quizá ese mecanismo simple, ausente de evaluación de desempeño es el que más daño ha causado en la administración pública estatal y local y de igual forma al aparato legislativo.

No hay peor corrupción que la ocupación de un puesto público por alguien que no tiene una medición y evaluación constante de sus capacidades y que cuando ocupa ese puesto para ejercer y tomar decisiones lo hace desde sus limitaciones. Eso tiene un efecto nocivo en la percepción de corrupción que tienen los gobiernos estatales y local y por supuesto tiene un impacto negativo en la percepción de la ciudadanía que paga sus contribuciones, porque no ve resultados tangibles de un gobierno determinado o de un Poder Legislativo.

Una percepción similar de corrupción se desencadena cada que se tienen nuevos diputados federales o locales, historias ya conocidas de diputados que no cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer una vez ocupada la curul. Ni se bajaron el sueldo, ni ayudaron a quien dijeron que iban a ayudar, ni hicieron leyes que sirvieran a los ciudadanos de su distrito y lo que más hicieron es lo mismo de siempre: votar en temas que ni conocen, ni estudian, ni revisan, llevar en ocasiones apoyo social en sectores marginados, vivir cómodamente del erario público, tener su página de red social y tomarse la foto.

Si los próximos gobiernos que se formen se integran con los amigos de los candidatos triunfadores -que parece ser la tónica a seguir- tendremos los mismos resultados. El gobernante en turno hará obras públicas producto de sus ambiciones y sus ocurrencias, el cabildo será sumiso y avalará cada mes la cuenta pública y de manera paralela el legislador federal y el local que han sido electos no sabrán ni qué hacer con su espacio legislativo. Eso lo veremos con el correr de los próximos meses, hay que estar atentos por si repiten el modelo de sistema de botín y el gobierno de cuates que ya conocemos o se comportan como verdaderos gobernantes en y para la democracia.

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